El fiscal solicita 30 años para el presunto asesino de Carlos Palomino

La Fiscalía elevó ayer a 30 años de cárcel la petición de pena para Josué Estébanez por el asesinato en 2007 del joven antifascista Carlos Palomino al aplicarle la agravante de odio ideológico por considerar que le mató porque "pertenecía a un grupo de ideas contrarias a las suyas".

La representante del Ministerio Público solicita para Estébanez las penas máximas previstas para los delitos de asesinato -20 años- e intento de homicidio -10 años- por los hechos ocurridos el 11 de noviembre de 2007, cuando agredió con una navaja a Palomino y a otros dos jóvenes que se dirigían a manifestarse en contra de una concentración de extrema derecha a la que acudía el acusado.

La fiscal expuso que las pruebas presentadas durante el juicio que se celebra desde el pasado día 14 acreditan que el soldado profesional Estébanez actuó contra Palomino por "discriminación ideológica", a juzgar por su vestimenta y las expresiones que profirió. Según explicó, esto queda probado por los datos proporcionados por varios testigos, que aseguraron en la vista que el acusado vestía una sudadera "propia de los neonazis de Madrid", que realizó el saludo fascista y que se dirigió a los jóvenes con el apelativo de "guarros", que es como los miembros de grupos de extrema derecha se refieren a los antifascistas.

Además, la fiscal se refiere a una serie de documentos que se leyeron en la sesión de hoy a petición de la acusación particular y que recogen manifestaciones de apoyo a Josué Estébanez por parte de grupos de esta ideología, señalando que "lo toman como un mártir de la causa".

La acusación particular, que representa a la familia de la víctima, pide 37 años cárcel, al imputar a Estébanez también los delitos de tenencia ilícita de armas y de amenazas.

Por su parte, la defensa del acusado solicitó su libre absolución y, subsidiariamente, una pena de nueve meses de cárcel -que no cumpliría al llevar casi dos años en prisión preventiva-, alegando que en los hechos concurren las eximentes de legítima defensa, miedo insuperable y estado de necesidad. Estos argumentos se basan en el relato de los hechos realizado por el acusado, que en la primera sesión del juicio afirmó que cuando el grupo de jóvenes entró en el vagón en el que se encontraba, se sintió "acorralado" y "amenazado" y actuó "para defender su vida".

La fiscal rebatió estas posibles eximentes alegando que la actitud de Estébanez que recogen las grabaciones de seguridad del metro es "incompatible con un estado de miedo". El vídeo muestra que preparó el arma, que se colocó frente a la puerta y que no pidió ayuda ni trató de escapar.