Licencias de la TDT: David contra Goliat

En este país cada día y semana que pasan suceden cosas más difíciles de solucionar y también, ¿por qué no decirlo?, de explicar a la ciudadanía. Estamos inmersos en una crisis económica pero también, y quizás más importante aún si cabe, en una crisis de confianza en términos institucionales, empresariales y políticos. Los últimos acontecimientos en la esfera pública y publicada tampoco ayudan a la reconstrucción de este estado anímico.

En situaciones de crisis es el momento de actuar y contar las cosas con agilidad, transparencia, rigor y determinación. Es el momento de arriesgar lo más mínimo. Y es el momento de facilitar la gestión y el desarrollo de cualquier acción, ya sea económica, institucional o política. La adopción de una estrategia de comunicación coherente y eficaz es el mejor aliado para afrontar con éxito la crisis y atenuar sus efectos.

Estas últimas semanas hemos vivido un caso en el Consejo de Ministros que ejemplifica una apuesta firme por una estrategia de comunicación específica en un momento crítico, tanto del Ejecutivo como del partido que gobierna. El Gobierno amparaba la sentencia del Tribunal Supremo por la que nueve canales de la TDT corren el peligro de desaparecer. Según parece los damnificados serían Nitro, Xplora, La Sexta 3, Boing, Nueve, MTV, Paramount Channel, 13TV y Marca TV.

A pesar de que algunos medios, sobre todo, nacionales y económicos, han recogido ampliamente esta noticia, esta decisión no ha calado en la opinión pública, pero no por eso tiene menos trascendencia. Se trata de una situación que se ciñe, tal y como explicó Soraya Sáenz de Santamaría, a criterios estrictamente legales porque, según la sentencia, la repartición de estos canales no se ajusta a la Ley General de Comunicación y tenía que haberse sometido a concurso público.

La determinación del Gobierno en este asunto cumple algunos -no todos- de los criterios de actuación en un marco de crisis, firmeza y rigor. Pero, a simple vista, parece también una decisión arriesgada que se podría haber evitado y que dimensiona aún más si cabe la complejidad técnica y social del inminente Dividendo Digital, un proceso ya de por si complicado que liberalizará el espectro de la TDT para que las telecos pueden desplegar tecnología y mejorar la cobertura y la navegación por el móvil.

Al mismo tiempo esta decisión entraña otro riesgo -o eso parece- con los medios. La anulación de canales merma los intereses comerciales y económicos de los principales grandes grupos mediáticos. Un sector que en las circunstancias actuales es mejor tener de tu parte que en el lado opuesto.

Este es el razonamiento llano y el que se percibe a simple vista de la decisión del Gobierno. Ahora bien, si miramos en la trastienda y lo analizamos de forma pausada, quizás identificamos una estrategia de comunicación concreta y certera, que no es otra que asumir de forma indirecta un control de los medios en un año que se vislumbra complicado.

¿Cómo? El Ejecutivo iniciará un periodo de transición de un año para valorar cómo ejecuta la sentencia del Supremo y cómo procede. La presunción de inocencia es un estado al que tenemos derecho hasta que se demuestre lo contrario. En un principio debemos confiar en la buena voluntad del Gobierno pero, si como decíamos, miramos en la trastienda y analizamos, cabe la posibilidad de proyectar nuestra imaginación y pensar que estamos ante una política de comunicación que pretende controlar a los medios durante 2013, año que se intuye movidito con el caso Bárcenas y la economía.

En el hipotético caso de que este fuera el objetivo del Gobierno, se trata de una estrategia inteligente, segura y eficaz, y más, en un contexto crítico, con unas consecuencias que pueden resultar muy duras y trágicas en función de su desenlace. Ahora bien, hay que ser justo también e indicar que esta forma de proceder también tiene un componente injusto, desigual y arriesgado que rememora el mito de Goliat contra David.

En este caso, los medios encarnan al pastor y el Ejecutivo al gigante bíblico. En el ámbito de la comunicación este mito suele usarse con frecuencia para advertir de los efectos que supone abusar del más débil ante la opinión pública. Es más que probable que el Gobierno gane la contienda legal y mediática, pero también es factible que el Ejecutivo pierda la batalla de la percepción pública de la población. Ellos tienen la última palabra.