El Consistorio de Bonares no tendrá que recurrir al Plan de Ajuste

  • La solvencia de las cuentas municipales evita solicitar los ingresos del Estado

La solvente situación económica del Ayuntamiento de Bonares le va a permitir, a su equipo de gobierno socialista, prescindir puntualmente de las participaciones de ingresos del Estado, sorteando así el tener que recurrir al Plan de Ajuste para hacer frente a las obligaciones con los proveedores. En concreto el alcalde de este municipio onubense, Juan Antonio García, ha avanzado que actualmente la deuda por este concepto ronda los 200.000 euros, una bagatela en comparación con las que arrastra el resto de corporaciones del entorno y más aún en el contexto de un presupuesto que en este ejercicio asciende a 3.363.147 euros.

La decisión de no elaborar ningún plan se ha realizado de forma deliberada como subterfugio para no tener que formalizar ninguna operación de crédito con las distintas entidades financieras del país, puesto que, en caso contrario, será el propio Estado español quien detraerá esos fondos de las participaciones de ingresos del estado que se libera a los Ayuntamientos. La fórmula permitirá ahorrar los intereses de la operación, toda vez que la institución local goza de liquidez para afrontar las nóminas y gastos de la gestión diaria. En concreto, a Bonares llegan mensualmente por este concepto 85.000 euros, de modo que según García "si se cumple las previsiones y se procede al bloqueo del 50% de estos ingresos, nos retendrán 42.500 euros cada 30 días, lo que quiere decir que en cuatro meses liquidamos esa deuda". Sin embargo, el edil precisó que en la Federación Española de Municipios y Provincias "se está negociando que la cuantía de dicha retención no sea superior al 25%, lo que facilitaría aun más los pagos".

García recuerda que el Estado aún les adeuda 175.000 euros de "la liquidación del 2010", lo que implica que quizás el pago a proveedores se detraerá de los ingresos que aún restan por liberar. El Plan de Ajuste en la provincia de Huelva ha permitido sacar a flote 50.032 facturas impagadas a proveedores que sumaban un montante global de 249.882.098 euros. Esas facturas correspondían a 3.359 empresas.

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