El CD y el DVD estarán gravados desde hoy con un canon digital de 0,17 y 0,44 euros, respectivamente, mientras que los teléfonos móviles o PDA que dispongan de MP3 lo estarán con 1,10 euros y los MP3 y MP4 con 3,15 euros, según ha establecido el Gobierno. Las tarifas figuran en la orden ministerial del Ministerio de la Presidencia, publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y que, con más de un año de retraso, regula los soportes digitales sujetos al pago del canon por copia privada y las cuantías en cada uno de ellos, tal como estableció la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que entró en vigor el 29 de julio de 2006. Esta nueva norma estará en vigor, en principio, hasta el 31 de diciembre de 2009, momento en el que una comisión interministerial revisará la lista de dispositivos gravados y sus tasas.

Estas tarifas mantienen en general la propuesta inicial de los Ministerios de Cultura e Industria, anunciada el pasado mes de diciembre y que en estos meses ha sido estudiada por el Consejo de Consumidores y Usuarios y el Ministerio de Economía y Hacienda.

En esta relación de soportes y tarifas se propone también que los DVD-R pasen de estar gravados con 0,60 euros a 0,44 euros, mientras que para los escáner se mantiene un canon de 9 euros; las grabadoras de CD seguirán con el mismo canon, 0,60 euros; mientras que las grabadoras de CD y DVD pasan de pagar 6,61 a 3,40 euros. El récord lo sustentan las impresoras multifunción, gravadas a partir de ahora con 15 euros, y los discos duros externos, gravados con 12 euros.

El canon digital, que ingresarán las entidades de gestión de derechos de autor, pretende compensar a los autores por los ingresos que dejan de percibir cuando se hace una copia de su obra. Teóricamente lo debe de pagar el fabricante, aunque obviamente éste termina repercutiendo en el precio final que paga el consumidor.

Las reacciones a la publicación de la orden en el BOE no se hicieron esperar. José Pérez, director general de la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (Asimelec) apuntó que "a pesar de no estar de acuerdo con la orden ministerial ni con el canon digital, valoramos que a partir de ahora la industria al menos sabrá a qué atenerse". En términos similares se manifestó Jesús Banegas, presidente de la Asociación de Empresas de Electrónica y Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (Aetic), quien señaló como cualidad positiva el hecho de que la orden "evite interpretaciones al aclarar que su aplicación no es retroactiva, lo que garantiza la seguridad jurídica de las empresas y, además, establece un techo recaudatorio". No obstante, Banegas añadió que se siente confiado en que la vigencia de la orden hasta finales de 2009 proporciones tiempo para estudiar una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que recoja nuevos métodos de remuneración a los autores evitantdo "mecanismos anacrónicos" como el del canon.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Internautas (AI), Víctor Domingo, señaló que esta decisión está "equivocada", ya que el Gobierno debería haber esperado a la conclusión del debate que se mantiene en la Unión Europea acerca del canon, cuyos únicos beneficiarios serán "las entidades de gestión de derechos". Domingo criticó además la no exclusión de este pago a empresas y administraciones públicas, una "petición" de la UE. Desde otra organización similar, el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), Miguel Pérez, subrayó la "falta de criterios de proporcionalidad" a la hora de aplicar el canon en distintos productos, calculando que "el canon supondrá un gasto medio para cada familia de 250 euros anuales".

También las principales organizaciones de consumidores, entre otras la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y la Federación de Consumidores en Acción (Facua), denunciaron el "mercantilismo" de la cultura y criticaron el nuevo canon por el encarecimiento de numerosos productos en un momento de recesión económica. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, manifestó que la política cultural en España está orientada por las entidades que gestionan los derechos de autor, y éstas, a su vez, "dominadas" por las multinacionales de la música y el cine.