SÓLO con unos pocos días de diferencia, Cataluña ha vuelto a ser noticia por motivos del dinero. El primer acontecimiento se produjo el 24 de julio pasado, cuando el Ejecutivo catalán anunció que acudirá al Gobierno de España para obtener financiación del fondo de liquidez autonómico, para poder pagar a acreedores varios como los proveedores y los empleados. Con una deuda de 42.000 millones de euros, no podía afrontar su pago sin acudir al Estado. Ello ha producido un gran impacto en España, donde ya habían pedido ayuda al Estado las comunidades de Valencia y Murcia, y en el extranjero donde la prensa, especialmente la de Alemania, Italia y EEUU, han comentado el hecho con sorpresa y preocupación. En la misma Cataluña preocupa que la noticia impacte al mercado de inversores. El presidente Mas ha viajado a varios países extranjeros indicando que la situación económica de Cataluña es mejor que la del resto de España.

Todo ello ha ocurrido en la víspera en que el Parlamento de Cataluña haya aprobado, con el voto en contra del Partido Popular y con la abstención del Partido Socialista de Cataluña, el llamado pacto fiscal. Este consiste, al igual que ocurre en el País Vasco y en Navarra, en que la Generalitat recaude todos los impuestos del Estado y de la Generalitat en Cataluña y compense al Estado con una cantidad anual, por los servicios que el Estado presta en Cataluña, cantidad que se fija por una negociación bilateral entre el Estado y la Generalitat.

En realidad no existe un concierto económico vasco sino tres conciertos con el Estado de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, además del de Navarra. Como dijo Simón Acosta, los conciertos de los territorios forales tuvieron un significado singular, ya que servían para expresar el deseo del poder central de integrar a las provincias vascongadas que realizaron la incorporación a la unidad constitucional de la Monarquía, según los términos de la Ley abolitoria de 21 de julio de 1876, para establecer excepciones al deber general de contribuir a los gastos del Estado en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Era una época en la que la Hacienda española era muy distinta de la actual, en la que no existían impuestos tan importantes y retributivos como el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto de sociedades. En realidad la mejor situación financiera de las haciendas de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, en relación con la de la mayoría de las comunidades autónomas, se debe al privilegiado sistema de los conciertos económicos.

Cuando estalló la Guerra Civil de 1936, Álava y Navarra, que cayeron del llamado bando nacional, conservaron el régimen de concierto y los perdieron Guipúzcoa y Vizcaya que cayeron en el bando republicano. Con la Constitución de 1978 y con el Estatuto del País Vasco, recobraron el régimen de concierto Guipúzcoa y Vizcaya, ya que la diferenciación establecida fue una consecuencia de la guerra.

Como dije anteriormente, el Gobierno catalán aspira a tener un pacto fiscal. No es la primera vez que lo intenta ya que en el proyecto de Estatuto aprobado el 30 de septiembre de 2005, figuraba el artículo 204, que en su apartado 4 establecía que corresponde a la Generalitat la gestión, recaudación, liquidación, inspección de todos los tributos estatales soportados en Cataluña y la disposición adicional 8º establecía que la capacidad de financiación por habitantes de la Generalitat debe equipararse gradualmente, en un plazo no superior a quince años, a la obtenida en aplicación de los sistemas de concierto y convenio vigentes en las comunidades autónomas forales.

Cuando el texto llegó al Congreso de los Diputados se cambió de forma importante el artículo 204 que establecía el régimen de concierto y desapareció el contenido de la disposición adicional 8ª. Ahora vuelve a intentarse de nuevo con la abstención del Partido Socialista de Cataluña y el voto en contra del Partido Popular, por lo que será muy difícil que prospere en el Congreso de los Diputados, donde el Partido Popular y el Partido Socialista son mayoritarios, y es que el régimen de concierto y cupo es un sistema insolidario que perjudica a las comunidades con menor PIB por habitante y por tanto debe rechazarse que se establezca en Cataluña.

En mi opinión hizo bien el presidente Griñan cuando, recientemente, en el Parlamento de Andalucía, con importante fundamento, se opuso a que en Cataluña se establezca el régimen de concierto. Ello determinó que el representante por Convergencia y Unión en el Congreso de los Diputados arremetiese contra Andalucía y defendiera que sólo Cataluña, el País Vasco y Galicia debieran tener autonomía, y las demás comunidades autónomas sólo una mera descentralización, olvidando que las constituciones que en España han establecido el sistema federal o autonómico, como la de 1873, la de 1931 y la de 1978, han regulado la posibilidad de constituirse en Estado (la de 1873), en regiones autónomas (la de 1931) y en comunidades autónomas (la de 1978), a todos los territorios de España. Por lo que hace a Andalucía supone olvidar el referéndum de 28 de febrero de 1980, en el que el pueblo andaluz, contra el Gobierno de España, consiguió la más amplia autonomía regulada en la Constitución de 1978.