La torna de Cataluña (y II)

EN nuestra anterior entrega abogábamos por el derecho a la autodeterminación de Cataluña como sano ejercicio de nuestra libre convivencia, pero además como saludable remedio a las tensiones territoriales que pagamos aquella inmensa mayoría de españoles que precisamente no las padecemos. Urge, pues, que todas las tierras de España conozcan cuál ha sido su aportación al conjunto y cuál su auténtico potencial de vida digna.

Artur Mas ha demostrado mucha habilidad al desencadenar este proceso cuando lo ha hecho: presidente de un gobierno forzado, como todos, a administrar las miserias de la crisis económica y sin poder ocultar por más tiempo su verdadera cara de derecha recalcitrante en lo social y en lo económico, ha enarbolado una insignia con la que hacer olvidar los ataques infligidos a su propio pueblo en sus cortos años de gobierno y con la que poder seguramente acaudillarlos, al rebufo del ardor constituyente, durante los tiempos más duros que aún nos esperan.

Algunos aplaudirán esta habilidad de política de gabinete, aunque yo confío en que el seny de las gentes que pueblan las calles y plazas de Cataluña sepa hurtarse al trampantojo y reclamar acciones de interés para el común. Y es precisamente el sentido común el que rechaza este discurso que presenta a los industriales y banqueros alemanes como víctimas de los trabajadores griegos y españoles; al gran capital del industrializado norte de Italia como financiadores forzosos de la ineptitud siciliana, calabresa o de Campania; a la oligarquía catalana como sufridos pagadores de la vagancia sureña.

Enfrentar a un pueblo con otro es la trampa con la que el gran capital defiende sus intereses, y la clase política asume su portavocía en espera de compensaciones de distinta índole (la izquierda catalana, por cierto, tendrá que hacer algún día el análisis de su propio comportamiento a este respecto). Pero, volviendo al tema que nos ocupa, hay que recordar bien alto que infinidad de españoles no debemos un solo céntimo a nada que no sea nuestro trabajo y empeño diarios, nuestro esmero y afán de mejora. Y si trasladamos este discurso de las personas a sus regiones, es cierto que la política de subvenciones ha tenido efectos negativos (fácilmente previsibles, por lo demás, desde su propia puesta en marcha), pero los mismos que hoy las critican pondrían un españolísimo grito en el cielo si se propusiera su sustitución por una política de inversiones que viniera a introducir un mínimo equilibrio regional en la planificación industrial de nuestro país, o que obligara a vincular la radicación de las empresas a los territorios en que tienen su base social y productiva.

O analicemos también por qué llamamos subvención al gasto de mantenimiento de amplios sistemas de producción de nuestro país como el olivar o la dehesa, y no aplicamos el mismo concepto al gasto, exponencialmente superior, para el mantenimiento de un tejido industrial de más que dudosa perspectiva. O también, ¿qué nombre debemos dar a la preponderancia de algunos territorios de España (y aquí no pocas zonas de Cataluña) en los diseños del mapa de inversiones del Estado, auténticos agujeros negros del gasto público?

Llego así a un último asunto de interés nacional, más doloroso porque se paga en carne humana: por mucho que los medios de comunicación y aun el arte nos hayan presentado con tintes épicos el momento en que una persona o familia toma la decisión de emigrar para mejorar sus tristes condiciones de vida, es evidente que el diseño de los flujos migratorios en beneficio de unas pocas provincias españolas y en perjuicio de otras muchas obedeció a una planificación muy meticulosa y calculada. Ésa fue una de las más importantes dádivas del franquismo a Cataluña (aunque no sólo a ella) y las siguientes décadas no han compensado el antiguo desequilibrio.

¿Ha calculado alguien cuánto cuesta vaciar un pueblo, una comarca, desdotarlo de sus gentes más jóvenes y con más potencial emprendedor? El quebranto para estas tierras ha sido enorme y hoy aún lo sufren de forma sangrante por su incapacidad estructural para dar respuesta autónoma a los desafíos de la crisis. Sin embargo, nadie parece haberse planteado siquiera que esas tierras merecían una compensación por esa costosa ayuda a la nación. Y si éste es un problema que de hecho urge remediar en el seno del país, naturalmente adquiriría proporciones diferentes en el caso de que Cataluña se convirtiera en un Estado extranjero.

Como buenos comerciantes, los catalanes saben que no hay crédito para los malos pagadores, así que harán bien en comenzar a pensar cómo retribuir una generosidad que podría dejar de ser fraterna y que por tanto habría de ser cobrada a precio justo, torna incluida. Sea cual sea el camino que Cataluña elija para su futuro, España necesita un reparto nuevo de sus recursos y de sus responsabilidades.