La tribuna

José Sánchez Maldonado

El déficit asimétrico: un MacGuffin

Por poco aficionado al cine que sea uno, seguramente sabe que el suspense de las películas de Hitchcock solía iniciarse y desarrollarse a partir de un pretexto que en el fondo resultaba irrelevante en sí mismo. Desde entonces, a este truco o dispositivo se le denomina MacGuffin: un microfilm, una joya robada, etc. se presentan como elementos de vital importancia para los personajes y para el avanzar de la trama, cuando en realidad son un truco para captar la atención de los espectadores hacia la verdadera historia que se quiere contar.

Esta técnica también puede encontrarse con frecuencia en el mundo de la política, pero algo modificada: tratan de desviar la atención del auténtico problema en cuestión en cada momento mediante el procedimiento de fomentar ruidosos debates de importancia secundaria.

Y esto, justamente, es lo que lleva ocurriendo estos días con la polémica en torno al reparto del nuevo requisito de déficit público para 2013. Hay mucho griterío amarillista por lo que respecta a la adjudicación de un objetivo diferenciado por comunidades autónomas. Pero, al mismo tiempo, queda fuera de foco una cuestión que tiene precedencia, como es decidir una fórmula sensata para repartir entre los diferentes niveles de la Administración Pública el nuevo margen concedido por la UE. Es decir, antes de ponernos a hacer el reparto horizontal, entre gobiernos regionales, deberíamos dotarnos de un criterio para decidir el reparto vertical, de cara a establecer qué porcentaje de dicho margen se adjudica a la administración central y cuál a las administraciones autonómicas.

A la vista del deterioro de los datos económicos, el Ecofín acordó hace un año prorrogarle a España su plazo para corregir el déficit excesivo, lo cual supuso relajar el techo de déficit de 2013, para el conjunto de las administraciones públicas, de un 3% del PIB hasta un 4,5%. Ahora bien, ese margen adicional fue trasladado de manera asimétrica por parte del Gobierno a las diferentes administraciones.

Al final, la Administración central se reservaba el 84,4% del objetivo de déficit y las comunidades autónomas el 15,6% restante. Y nada para las corporaciones locales. Para este curso, también tenemos margen mejorado, que supone un 6,5% en 2013, Ahora bien, en esta ocasión habrá de hacer un reparto más equilibrado, siguiendo las indicaciones de la Comisión y Parlamento europeos, y no quedarse con toda la nueva flexibilidad.

Lo cual tiene la lógica de no hacer recaer los mayores ajustes en la administración autonómica, justo la que presta servicios esenciales, como la sanidad y la educación, y que ya soportó hachazos excesivamente bruscos el año pasado.

Desde Cataluña lleva algún tiempo defendiéndose que el criterio más racional para este reparto debiera ser en función de las responsabilidades de gasto. Y según sus cálculos, la Administración central tiene el 50,7% del gasto total, las regiones el 35,7% y las entidades locales el 13,6%. Con estos datos, resulta obvio que el reparto actual es enormemente injusto.

Otra propuesta más sofisticada, defendida desde Andalucía, pasa por, junto a lo anterior, distinguir el déficit cíclico del estructural, de acuerdo con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, repartiendo no la cifra total, sino el ajuste que deben realizar las comunidades autónomas respecto el año anterior. De ese modo, aquellas que presentaron mayor déficit en 2012 se verían obligadas a realizar un mayor ajuste en 2013. Al mismo tiempo, de este modo, la senda de reducción de los desequilibrios se dotaría de una mayor racionalidad, lo cual facilitaría su cumplimiento, y con ello la credibilidad de los compromisos.

La aplicación de este procedimiento generaría unos objetivos de déficit del 4,9% para la Administración General del Estado y del 1,6% para las CCAA. Si distribuimos este déficit entre las CCAA en función del déficit estructural de las mismas registrado a finales de 2012, los objetivos serían tal como aparecen reflejados en el cuadro adjunto. La aplicación de esta metodología podría ayudar para superar el debate fratricida entre regiones que hace flaco favor a todos.

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