UNA vez más, tal como viene sucediendo en Sevilla desde hace ya varios años, los empleados de la empresa municipal de autobuses han convocado una huelga para el Domingo de Ramos y, en principio, también para la Feria de Abril. El paro, propuesto por las distintas centrales sindicales, y apoyado por la asamblea de trabajadores, tiene su origen en los deseos de la dirección de Tussam de externalizar algunas líneas de autobús y debido al desacuerdo existente por el abono de una deuda salarial. Con independencia del derecho a la huelga, reconocido por la Constitución, no parece razonable que de nuevo, casi como si fuera una costumbre, los funcionarios municipales presionen a la dirección de la empresa con estas iniciativas justo en dos de los periodos más sensibles, en términos económicos y de imagen, para Sevilla. La Semana Santa y la Feria, además de tradiciones seculares, son momentos en los que el sector turístico local, una de las escasas fuentes de riqueza de la ciudad, vive su coyuntura más importante. Tratar de chantajear a la empresa, y por extensión al gobierno local, con iniciativas de esta naturaleza no es aceptable al no haberse agotado suficientemente la vía de la negociación. Quienes más sufrirán los paros serán los ciudadanos. Justo los que, a través de sus impuestos, mantienen a flote a la empresa, deficitaria por naturaleza pero con una inmensa deuda que sobrepasa lo razonable. Los sindicatos, además, tenían tramitada la convocatoria desde hace tiempo. Un factor que anima a sospechar que la decisión estaba previamente tomada, con independencia de su formalización jurídica. Si se tiene en cuenta la delicada situación financiera de Tussam, no puede dejar de pensarse que, precisamente en un ejercicio de responsabilidad, los trabajadores deberían haber explorado otras vías distintas para defender sus reivindicaciones antes de recurrir al patrón usual: convocar huelga durante las fiestas de primavera. Tussam está en situación técnica de quiebra. Su mero mantenimiento genera desde hace más de un lustro un auténtico agujero negro para las arcas municipales, que este año dejarán casi de invertir en la ciudad para pagar las nóminas. Ignorar tal circunstancia, además de un ejercicio de ceguera, aboca a la empresa a la ruina y la conduce a su privatización integral.