HACE ahora veinte años que el Gobierno de España ratificó la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de la Infancia, y en pleno siglo XXI éstos siguen siendo un gran reto para la humanidad. Por eso, hoy es un día para reflexionar también con cierta perspectiva global.

La idea de que los niños y las niñas tienen necesidades y derechos todavía está lejos de ser universalmente aceptada. De hecho, son millones los que viven bajo el umbral de la pobreza, los explotados y abusados, los considerados propiedad de las personas adultas, o los que no tiene acceso a la escuela primaria, al agua o la atención sanitaria.

Los efectos de la crisis económica y financiera global están configurando nuevas realidades. Hoy más que nunca siguen estando en juego el presente y el futuro de la Infancia, su educación y salud, participación y bienestar, y su protección. Es una realidad a la que hay que dar respuestas coordinadas y eficaces y, tal vez, esta nueva situación mundial es una oportunidad que se nos presenta para reafirmar la defensa de los derechos de los niños y niñas, y especialmente de los más olvidados y marginados. No es posible conquistar ninguno de los Objetivos del Milenio a menos que la protección de la infancia forme parte integral de las estrategias políticas a nivel mundial.

Tenemos que seguir trabajando para el efectivo ejercicio de todos sus derechos, tales como el derecho a la participación, a que su opinión sobre las cuestiones que les afectan sea tenida en cuenta, a ser considerados ciudadanos de pleno derecho, al acceso a la información y la comunicación en condiciones de seguridad y sin que se vea comprometida su intimidad y su dignidad, o a que se les considere en situación de igualdad con el resto de la ciudadanía.

En Andalucía estamos convencidos de que el desarrollo del mundo pasa por la defensa y protección de los derechos humanos y la promoción y respeto de los derechos de la infancia. En esta línea, los partidos mayoritarios han firmado recientemente el Pacto Andaluz por la Infancia, un acuerdo pionero en España, que sirve para renovar el compromiso del pueblo andaluz y de sus representantes políticos con la infancia, lo que sitúa a nuestra comunidad en primera línea de aplicación de la Convención sobre los Derechos de la Infancia de Naciones Unidas.

Un pacto que va a dar voz al 20% de la población andaluza menor de 18 años -más de 1,6 millones de personas- y va a contribuir a construir una Andalucía Amiga de la Infancia, para dar cumplimiento efectivo a sus derechos y responsabilidades reconocidos en la legislación internacional, nacional y regional.

La defensa de los derechos de los niños y niñas es el eje fundamental de las políticas llevadas a cabo en nuestra comunidad por parte del Gobierno, de acuerdo con lo que marca nuestro Estatuto de Autonomía.

Así, el modelo que aplicamos en Andalucía pasa por el desarrollo de programas de protección y del impulso de actuaciones encaminadas a la prevención, teniendo como guía el derecho que todo niño y niña tienen a permanecer en su propia familia como el entorno convivencial más adecuado, donde el desarrollo de las personas menores se conforma en su proceso de socialización y en su configuración social. Sólo si hay factores que inciden en el ambiente y lo hacen un medio hostil que impidan el normal desarrollo del niño o la niña es cuando será necesaria la intervención de la Administración.

Estos dos pilares -protección y prevención- conforman el sistema andaluz de atención a la infancia y a la familia, y es nuestro compromiso continuar desarrollando este modelo que para el año 2011 se verá apoyado y reforzado con una inversión de 168 millones de euros que, principalmente, se destinarán al acogimiento familiar, así como a la prevención, incrementando el presupuesto en los programas de atención a familias en dificultad social.

Toda esta labor no se podría llevar a cabo sin el trabajo de los excelentes profesionales del sistema de protección a la infancia que se ocupan diariamente de proporcionar a los menores una atención adecuada, cuya dedicación me gustaría resaltar y agradecer aquí, porque su tarea no siempre es bien entendida. En ocasiones, se les ve como una amenaza para la familia con la que trabajan, cuando en realidad su trabajo es fundamental para normalizar la situación de los menores en el núcleo familiar, y sólo en aquellos caso que no es posible se adoptan medidas de desamparo. Los profesionales del sistema de protección son los que realmente velan por el interés superior de los menores y por sus derechos.

También hay que destacar y agradecer la colaboración de los medios de comunicación en este ámbito, a pesar de las excepciones, ya que en la mayoría de los casos tratan con respeto y profesionalidad los temas relativos a la infancia.