En los terroríficos datos que la provincia de Sevilla ha arrojado a lo largo del año que está a punto de finalizar en materia de desempleo han tenido que ver los ayuntamientos. La administración local sevillana y su entramado de sociedades y organismos han mandado al paro a unas 1.100 personas en 2012, el peor año desde que estalló la crisis y en la historia reciente de estas instituciones. Según los datos que manejan los sindicatos UGT y CCOO, ha sido bastante peor que 2011, cuando ya tras las elecciones municipales se inició la oleada de despidos, que se quedaron en unos 110 hasta diciembre. Todo ello, dentro de unos reajustes que era necesario acometer pero que se están afrontando en el peor momento para que los afectados reorienten su vida laboral, como reflejan los testimonios que, como ejemplo de otros muchos, ha recopilado este diario.

Ha habido dos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en ayuntamientos de la provincia y algunos más en mancomunidades y sociedades de desarrollo. Sólo en el Ayuntamiento de Espartinas, supuso el despido de 72 personas (de más de 90 propuestas inicialmente) y en el más reciente de Gelves, de 22, quince menos de las previstas gracias a la aceptación por parte del resto de la plantilla de una rebaja del 10% de sus sueldos. También han ido saltando a los medios de comunicación despidos o no renovaciones de contratos en Umbrete, Mairena del Aljarafe, Olivares, Benacazón, Castilblanco de los Arroyos, Guadalcanal, Palomares del Río, Utrera, Santiponce, Marchena y Estepa. Sólo tirando de hemeroteca, la cifra supera los 360. Pero UGT asegura que son muchos más los afectados, hasta 500 personas sólo en la provincia, donde la práctica totalidad de los municipios ha reducido plantilla de alguna forma. En muchos casos, quedándose por debajo de los diez trabajadores, el número a partir del cual tendrían que haber acudido a un ERE y negociar.

El resto son empleos que se han reducido en la capital, donde el mismo sindicato calcula que han salido unas 400 personas en el último año. Peones y personal administrativo, al que no se ha renovado contratos, y de bienestar social de economía y empleo, son los colectivos más afectados, en parte también por la disminución del presupuesto de determinados programas cuya financiación depende de otras administraciones. A ello se suma el personal que ha salido de sociedades como Emvisesa, Sevilla Global, Giralda Televisión, la Gerencia de Urbanismo o el Instituto Municipal de Deportes, casi 230 personas.

Al ser personal con distintas categorías, cualificación y profesiones es difícil seguirle la pista en las estadísticas del paro. La referencia es el Boletín Oficial del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publica periódicamente. Los últimos datos son de julio del año pasado, cuando la administración local empleaba en Sevilla a 30.800 personas, incluida la Diputación. El sector ya se había reducido en 245 personas (un 0,8%) con respecto a julio de 2010. Hasta entonces, la administración local no había dejado de crecer, con un 57% más de personal en la última década, de forma acorde con los servicios y equipamientos que ha ido asumiendo -como bienestar social, educación, medio ambiente, de actividades deportivas, etcétera- o vinculando la nómina a unos ingresos por urbanismo y una gestión alejada de la realidad que está siendo cuestionada ahora, cuando se han tenido que forzar los ajustes.

En esta sangría de despidos y no renovación de contratos han sido determinantes también varias decisiones políticas que han flexibilizado las hasta ahora casi imposibles reducciones de personal en la administración pública: los planes de ajuste que se aprobaron en marzo y que han obligado a los ayuntamientos a reducir sus estructuras para pagar las deudas con proveedores, con el férreo control del Estado; la reforma laboral, que abrió la puerta a los expedientes de regulación de empleo (ERE) en la administración, aunque ya se habían aplicado a sociedades, y que ha abaratado el despido. De otra forma muchos consistorios no hubieran podido hacer frente a indemnizaciones. Lo más reciente ha sido la Ley de Estabilidad Presupuestaria. A ello se ha unido la prohibición de reponer a personal de baja o jubilaciones, salvo en servicios básicos y sólo en un 10%, lo que está propiciando que, en la práctica, sólo se estén cubriendo vacantes en las policías locales y no siempre.

Los gobiernos municipales que han sido criticados por estos recortes de personal ponen el acento en que, en muchos casos, afectan a personal con contratos que se han ido concatenando hasta crear una relación laboral estable que era necesario regularizar. Aun siendo así, el proceso se está afrontado en el peor momento para reciclarse. Los trabajadores están denunciando y los jueces están reconociendo esas no renovaciones como despidos improcedentes, con el consiguiente coste en indemnizaciones.

La normativa de los ERE en la administración local contempla que éstos expedientes de despido colectivo sólo puedan ser extintivos. No deja posibilidad de expedientes temporales, ni de rebaja de jornada y salariales. Pero éstas sí que se están aplicando al margen de los ERE en muchos casos y también con polémica, por la situación precaria en la que se queda igualmente el personal. Se dan casos de reducciones hasta el 75% de la jornada y sueldo, que suponen un salario equivalente a la ayuda familiar y que están denunciando también algunos afectados.

UGT y CCOO alertan además de que el miedo se está generalizando en las plantillas, lo que está favoreciendo que muchos de estos puestos que atañen a servicios básicos se estén cubriendo con la sobrecarga y movilidad del personal. Incluso, -denuncian- se cubren con las contrataciones de emergencia que se están haciendo con fondos de la Diputación, por pocos meses y por el salario mínimo para familias con todos sus miembros en paro.