Tres miembros de la dirección de IU en Espartinas, entre ellos el concejal Juan Antonio Rodríguez Conde y el coordinador local, José María Calado, han sido sancionados por la última reunión que la asamblea contra la subida del IBI, que lleva varios años reuniéndose en edificios y plazas públicas para discutir y organizar actos reivincativos, realizó el 18 de octubre, en la explanada frente a la plaza de toros, por concentrarse sin notificarlo a la Subdelegación del Gobierno y por supuestos insultos, que los afectados niegan, a varios agentes Guardia Civil de Gines, que acudieron al lugar tras ser avisados. Las seis infracciones suman sanciones que van de los 30.000 a los 1,2 millones de euros y con las que, denuncian, se pretende acallar este incipiente movimiento "ciudadano" de contestación a las políticas del PP en el municipio. Con este plantemiento, IU presentará mañana en el Pleno que se celebra en el Consistorio una moción para que todos los grupos se pronuncien, rechazando las sanciones, que van a recurrir además. Esta tarde se ha vuelto a convocar a la plataforma para analizar lo ocurrido ya en unas instalaciones municipales.

Según Calado, sólo suelen notificar a la Subdelegación las manifestaciones o concentraciones de protesta que sí han hecho en el municipio, no este tipo de asambleas. También ante la plaza de toros hicieron otra asamblea en junio, sin incidentes. La diferencia esta vez -dice- fue que estaba por allí Javier Jiménez, teniente de alcalde y delegado de Hacienda. Su hijo se despedía como novillero al día siguiente en la plaza de toros. Aunque fuentes municipales eludieron hacer declaraciones, IU asegura que fue el edil el que les increpó. Tras ello llegó la Policía Local y la Guardia Civil, que pidió carnés a algunos. Un agente de paisano hizo fotografías. Simbólicamente, los concentrados, más de cien, se pusieron en fila -dicen- para mostrarlos. Luego, los agentes se retiraron unos metros y la asamblea duró hora y media más. "En ningún momento se nos pidió ni ordenó que nos disolviéramos", afirma Calado.

Las multas, todas ellas expedientes administrativos, se les notificaron el 20 de noviembre: una para cada uno, con sanciones previstas de 300 a 30.000 euros, por concentrarse sin permiso; otras dos, para el edil y el coordinador local de IU, respectivamente, de entre 30.000 y 600.000 euros por negarse a que se disolvieran (ellos niegan que se le pidiera expresamente); y otra más contra el concejal, por alentar, supuestamente, a que se rodeara a la Guardia Civil que tuvo que retroceder, algo que también niega.

Fuentes de la Guardia Civil, por su parte, recordaron que están obligados a acudir a estas concentraciones si son requeridos, como fue el caso de esta concentración con "pancartas y pasquines". Según su versión, se trasladó al grupo que comprendían sus planteamientos, pero que no era la forma de proceder y que "abreviaran". Tras ello, se profirieron insultos a los agentes, como "fascistas" o "policías del régimen" y sí que se dio una situación tensa, que están obligados a denunciar, según las fuentes.