La Junta no paga en julio el seguro a los prejubilados de Mercasevilla

Serrano pide una solución al dejar de abonar la aseguradora la renta a los ex trabajadores

R. S.

01 de agosto 2012 - 05:03

El delegado de Economía, Empleo, Turismo y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla y presidente de Mercasevilla, Gregorio Serrano, ha remitido un escrito a Javier Castro, director de Relaciones Laborales de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa, en el que le socilita una entrevista ante la "grave" situación que afrontan los ex trabajadores de dicha sociedad, que fueron prejubilados en 2003 y cuyas rentas han sido suspendidas al no pagar la Junta las primas de su póliza del seguro.

"Son muchas las familias afectadas por estas medidas", avisa Serrano en este escrito fechado el 25 de junio y recogido por Europa Press. En este sentido, hay que recordar que la compañía aseguradora Generali, con la que fueron contratadas las pólizas de seguro, no ha abonado a este colectivo las rentas correspondientes al mes de julio, extremo que la aseguradora atribuye a los "impagos" de las primas comprometidas por la Junta como fuente de financiación de las prejubilaciones. En concreto, Generali comunica a los prejubilados que la Administración andaluza no ha "solventado la situación de impago de las primas de la póliza de seguro de referencia". "Debido a esta deuda, nos vemos obligados a no abonar las rentas correspondientes a esta póliza desde julio", señala dicho escrito al que ha accedido Europa Press.

Sobre el ERE acordado en 2003 en Mercasevilla cabe recordar que cinco de sus prejubilados vieron hace meses cómo la Consejería de Empleo suspendía sus nóminas al figurar sus prejubilaciones entre las "discordancias administrativas" detectadas en la investigación interna realizada por la Junta en paralelo a las indagaciones de la juez Mercedes Alaya, que desde el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla investiga una presunta trama de falsas prejubilaciones en expedientes de regulación de empleo financiados con fondos autonómicos. La Junta habría detectado estas irregularidades al no contar los beneficiarios del ERE con 50 años de edad en 2003, si bien el comité de empresa alega otra cronología para el procedimiento.

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