El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Maximiliano Vílchez, aclaró este lunes a la prensa el lugar exacto de la Torre Pelli donde La Caixa trasladará su proyecto cultural del Caixafórum: en la base del rascacielos que se conoce como "el podio", donde están previstos los locales comerciales. Eso supone que el proyecto cultural ocupará una parte del podio y tendrá que convivir con otros negocios comerciales. Es la primera vez que se aclara esta cuestión oficialmente desde que se anunció el carpetazo al proyecto histórico en las Atarazanas. Se descarta, por tanto, que la entidad bancaria apueste por las plantas en altura del rascacielos sevillano.

En relación a los constantes cambios de opinión del Ayuntamiento de Sevilla sobre la licencia de obras para rehabilitar las Atarazanas como sede del Caixafórum, el delegado de Urbanismo recordó este lunes a la prensa que el gobierno local anterior gobernado por Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE-IU) también puso pegas en mayo de 2011 a la licencia de obras y exigió la redacción previa de un Plan Especial de protección de las Atarazanas. La licencia se pidió en noviembre de 2010 y hasta entonces no se había exigido a La Caixa ningún plan especial.

El argumento del entonces jefe de la sección administrativa de licencias (Ángel Boyer) fue defender la necesidad de un plan especial conforme a lo que dicta el artículo 10.3.16 de las normas urbanísticas del PGOU. En el cuadro adjunto se reproduce arriba el documento.

Medio año después (26 de enero de 2012), ya con el nuevo gobierno de Juan Ignacio Zoido (PP), el director técnico de la Gerencia de Urbanismo, Andrés Salazar, asegura que se puede tramitar la licencia de obras y que no hace falta tal plan especial sobre la base de otro artículo del PGOU en "aparente colisión" con el anterior: el 10.3.9. Según este artículo, basta con un proyecto de conservación del bien sobre el que se va a intervenir y con una autorización de la Consejería de Cultura, la administracion con las competencias en proteccción del patrimonio. 

La clave de este guirigay legislativo es que, en efecto, hay una ambigüedad de interpretación sobre estos dos artículos de las normas del PGOU de Sevilla que regulan lo que hay que hacer cuando se plantean obras en un Bien de Interés Cultural (BIC) como las Atarazanas, que al mismo tiempo tiene máximo nivel de protección (nivel A). El artículo 10.3.9 dice cómo actuar en obras en edificios BIC y el artículo 10.3.16 cómo hacerlo en los edificios con nivel A de protección (protección integral). En efecto el Ayuntamiento de Sevilla ha dudado desde un principio sobre si debía exigir un plan especial de protección para las Atarazanas. Lo hizo Monteseirín y lo ha hecho Zoido.

La novedad, a la que no aludió este lunes de ninguna manera el delegado Vilchez de Urbanismo, es que el actual gobierno de Zoido decidió hace un mes apostar por el Caixafórum en las Atarazanas y descartar la redacción del polémico Plan Especial de protección, a cambio del compromiso de aprobar una modificación del PGOU en el Pleno de noviembre, como avanzó el viernes este periódico. Ese fue el pacto alcanzado por ambas partes el 16 de octubre pasado en una reunión con La Caixa.

El arquitecto Vázquez Consuegra ratificó este lunes que esa reunión se celebró en Sevilla aunque el acta sobre los acuerdos alcanzados se redactó en Barcelona. Esos acuerdos no se han cumplido y un mes después se anuncia el traslado a la Torre Pelli. ¿Qué ha pasado para tirar a la basura ese pacto de octubre?

En sus declaraciones a la prensa, el delegado de Urbanismo defendió la gestión del gobierno de Zoido en este asunto. El edil negó el carácter "vinculante" al documento del 26 de enero de 2012 donde el director técnico de la Gerencia argumenta que se puede dar licencia de obras a la rehabilitación de las Atarazanas para Caixafórum y que no hace falta un plan especial. "Es sólo su opinión. No es un documento vinculante", dijo el edil y añadió que sólo son vinculantes los documentos firmados por el delegado de Urbanismo, por el gerente y los acuerdos de gobierno de la Gerencia. Vílchez centró sus argumentos en que "tanto al gobierno municipal anterior de Sánchez Monteseirín como nosotros hemos pedido para este proyecto un plan especial", que responde a lo estipulado "por el PGOU" y acusó a la Junta de Andalucía de no ceñirse a este procedimiento.