Benazuza advierte que el decreto sobre las bodas repercutirá en el empleo

El decreto del Arzobispado que prohíbe la celebración de bodas en hoteles, haciendas y complejos comerciales provoca diferentes valoraciones en los directores de estos establecimientos consultados por este periódico. La reacción más contundente ha sido, sin duda, la del responsable de la Hacienda Benazuza, en Sanlúcar la Mayor, que es el gran referente del sector y que tiene una elevada cartera de clientes interesados en celebrar el acto religioso y el posterior banquete en el mismo recinto. Alejandro Haurie alerta de que está en juego un importante volumen de negocios que permiten mantener una plantilla de más de cien empleados, aumentada progresivamente desde 1993 -cuando contaba con 60 trabajadores- como consecuencia de estas ceremonias. Estos clientes son en su inmensa mayoría de fuera de Sevilla, de alto poder adquisitivo e interesados en un lugar con encanto donde se ofrece un servicio integral (hospedaje, ceremonia religiosa y banquete nupcial) que evita los desplazamientos en autobús desde un lugar a otro de la provincia.

Haurie ruega que el Arzobispado no generalice a la hora de llevar a la práctica una medida tan drástica: "Nuestra capilla no es cualquier oratorio privado. No puede ser considerado como los demás. Tiene cuatro siglos de historia, ha sido hasta parroquia en tiempos históricos y en ella sólo se han celebrado matrimonios canónicos. Hemos cuidado mucho este aspecto. No admitimos cualquier cosa. Este decreto puede perjudicar seriamente el mantenimiento de la plantilla del hotel. Le pedimos al Arzobispado que tenga sensibilidad en este aspecto. En esta casa siempre hemos hecho un esfuerzo por defender el catolicismo".

Haurie se mostró partidario de dialogar con la autoridad eclesiástica para alcanzar un acuerdo que permita seguir celebrando ceremonias de boda en la capilla de la antigua hacienda. Benazuza acoge al año una media de 25 bodas en su capilla con una asistencia a cada una de entre 150 y 200 invitados, que en un 90% no son de Sevilla.

La directora del Hotel Cortijo El Esparragal, en la carretera de Sevilla a Gerena, aseguró que el decreto del Arzobispado no debe perjudicar a su negocio, pues sólo se celebran cuatro bodas al año en la ermita que se ubica dentro del recinto de la finca: "A nosotros no nos afecta el decreto. Ni siquiera ofrecemos la posibilidad de que los novios se casen en esta ermita. Ahora bien, si están interesados en hacerlo, ellos mismos hacen las gestiones con el párroco y con la hermandad que se encarga de su mantenimientos. Nosotros no gestionamos nada".

Otra hacienda con capilla propia en su finca es la de San Miguel de Montemolino, en la carretera de Isla Menor. Su responsable, Rafael Aranda, estima que el perjuicio será relativo si el decreto afecta a todos los establecimientos por igual: "Si verdaderamente no le dejan a nadie celebrar bodas..." No obstante, valoró que el atractivo más fuerte de su hacienda no está en la capilla, donde sólo hay cabida para 30 personas: "No se celebran muchas misas de boda aquí. Además, la gente se inclina ahora más por las ceremonias civiles".

El Arzobispado pretende con tan polémico decreto trazar una línea nítida y clara entre las ceremonias religiosas y las civiles, así como entre las religiosas y las de otras uniones no reconocida por la Iglesia. La autoridad eclesiástica considera que los fieles católicos pueden incurrir en confusión si se celebran todo tipo de ceremonias en el mismo lugar, así como niega que la clave de este decreto sea económica, pues los contrayentes sólo abonan una tasa administrativa de 40 euros por casarse fuera de la parroquia.

El vicario general se ha dirigido a estos establecimientos para comunicarles la prohibición de celebrar eucaristías nupciales y solicitarles los datos de los novios que tienen concertada su ceremonia de boda en dichas condiciones a partir de hoy, una petición que podría chocar con la legislación sobre protección de datos.