El presidente del Colegio de Graduados Sociales de Sevilla, Rafael Hidalgo, califica de "deplorable" que muchas de las personas pendientes de juicio para solucionar problemas laborales, reclamaciones de cantidad o prestaciones de la Seguridad Social se vean obligadas a esperar al año 2019 para que su caso se resuelva en una vista oral debido a que los juzgados de lo Social están señalando para ese año.

Hidalgo explica que ya hay afectados que han sido emplazados a acudir a juicio a cinco años vista, lo que considera "desesperante", ya que estos ciudadanos "dependen, en muchos casos, de la ayuda o prestación que demandan para vivir". Esto podría evitarse ampliando en seis el número de juzgados en esta jurisdicción, tal y como viene poniendo de manifiesto en los últimos años al juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, quien lo ha recogido en la memoria anual de los juzgados de la capital.

Actualmente, los juzgados de lo Social están "desbordados", ya que el número de demandantes ha aumentado por la coyuntura actual económica y social y el número de juzgados sigue siendo el mismo desde el año 2000.

No obstante, esta situación ha sido trasladada por parte del presidente del Colegio de Graduados Sociales sevillano al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, en una reunión mantenida recientemente con el colectivo en la ciudad de Granada, sede de dicho tribunal.

Por otra parte, Hidalgo alude a otro factor que "obstaculiza" los juzgados de lo Social y es el retraso en la fecha en que se celebran los actos de conciliación en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC), donde las partes afectadas deben acudir previamente para intentar llegar a un acuerdo sin necesidad de optar por la vía judicial.

Sin embargo, desde que se presenta la solicitud para la conciliación las partes se ven obligadas a esperar alrededor de 60 días para ésta, plazo que supera los límites legales establecidos para poder acudir a los juzgados, 20 días. De esta forma, "las partes se ven abocadas a interponer demandas ante los juzgados con el consiguiente resultado de colapso", por casos que finalmente llegan a una conciliación y que por tanto no precisan la vía judicial, ocasionando "un mayor gasto innecesario de dinero público".