Dentro de su incansable labor legislativa de los últimos tiempos, la Universidad de Sevilla ha aprobado su Normativa de Regulación de la Evaluación y Calificación de las Asignaturas, un texto en el que se regula por primera vez en los más de 500 años de historia de la institución cómo deben actuar los profesores vigilantes de exámenes en el caso de que sospechen que un alumno está copiando, o ante lo que eufemísticamente se llama una incidencia.

Según la nueva normativa de la Hispalense, que ya es carne para la polémica, los alumnos que sean acusados de estar copiando por cualquier sistema no tendrán que abandonar el aula automáticamente (amén de cosechar un suspenso), sino que podrán terminar la prueba para, después, reclamar su presunta inocencia ante una comisión. "Lo único que hemos hecho es acabar con una norma no escrita y consuetudinaria, la de la expulsión, para regular el derecho de los alumnos a un examen justo", indica el director de Comunicación de la Universidad de Sevilla, José Álvarez.

Lo que para algunos es una pérdida más de la autoridad del docente en el aula, se interpreta desde la Hispalense como una medida "garantista" que evitará que se cometan injusticias con los estudiantes. "Lo que en un momento parece evidente puede no serlo tanto cuando se analiza más detalladamente. Lo que hemos pretendido es dotar a los estudiantes de un sistema para que puedan demostrar su inocencia en el caso de que ésta exista", matiza José Álvarez. Eso sí, se podrá expulsar inmediatamente del aula en el caso de que el alumno "interfiera en el normal desarrollo del examen". Es decir, si el estudiante monta el pitote una vez sorprendido.

Según la nueva normativa de la Universidad de Sevilla, los alumnos que sean acusados de copiar tienen dos caminos: no reclamar (en ese caso tendrán el suspenso automático sin que se abra ningún proceso) o reclamar, con lo que el caso se estudiaría por una comisión compuesta por tres profesores y tres alumnos.

La cuestión está muy clara en el caso de que exista una prueba del delito (una chuleta, por ejemplo) pero no si el copieteo se realiza con nuevas tecnologías como un teléfono móvil o anotando la chuleta en partes del cuerpo humano (manos o muletas). "En ese caso el profesor vigilante tendrá que contar con algún testigo para después poder probarlo. Deberá de ser otro profesor, un funcionario o, incluso, otro estudiante", afirma José Álvarez, aunque lo cierto es que esta situación no se contempla detalladamente en la nueva normativa.

Además de esta cuestión, el texto regula muchos otros aspectos no tan llamativos, como el tiempo máximo que puede durar una prueba (cinco horas), el sistema de calificaciones (deja claro que un 4,9 es un suspenso), las condiciones para cambiar la fecha de un examen o el que las pruebas orales serán públicas obligatoriamente.

Asimismo, la normativa regula la actividad de los profesores-vigilantes. Para evitar los abusos tristemente habituales (los profesores más veteranos delegan en los becarios y jóvenes docentes la tarea) la normativa establece que el profesorado de una asignatura debe estar presente en la prueba y que el director de cada departamento será el encargado de velar por que el reparto de la tarea de vigilancia se haga de manera equitativa y sin abusos.