La unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, conocida popularmente como Policía Autonómica, carece de una red de transmisiones operativa y dispone de un acceso muy limitado a las bases de datos de delincuentes del Ministerio del Interior. El medio millar aproximado de agentes que componen esta unidad utiliza teléfonos móviles para comunicarse entre ellos, pero no cuentan con un sistema de transmisiones como la mayoría de cuerpos policiales que pueda poner en contacto a varias personas a la vez. Estos sistemas de transmisiones son básicos para coordinar cualquier operación policial en la que un mando necesite transmitir las mismas instrucciones a sus agentes de forma simultánea.

Los agentes autonómicos tampoco disponen del libre acceso a las bases de datos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Sus permisos para entrar en estos sistemas son muy restringidos y sólo pueden compartir una mínima información con otras Fuerzas de Seguridad, tanto del Estado como de otras comunidades autónomas.

Tampoco está clara la cuestión de las competencias de esta unidad, que nació en la década de los noventa con el objetivo a largo plazo de constituirse en una policía autonómica al estilo de la Ertzaintza o de los Mossos d'Esquadra. Sobre el papel, la unidad adscrita a la Junta se dedica básicamente a la protección de los menores, al control de los juegos y espectáculos públicos, al medio ambiente, además de la protección de personalidades y edificios públicos de la Junta de Andalucía. Sin embargo, no existe ningún texto o protocolo que articule legalmente hasta dónde llegan las funciones de esta unidad y dónde empiezan las de otras fuerzas de seguridad.

En el terreno de los menores, por ejemplo, no existe ninguna ley andaluza que regule cuáles deben ser las competencias del grupo especializado en menores de la unidad adscrita (Aprome) y cuáles las de los grupos dedicados a esta misma especialidad en la Policía Nacional (Grume) y la Guardia Civil (Emume). Otro ámbito en el que entran en colisión las funciones es el del medio ambiente, puesto que la unidad adscrita puede investigar incendios forestales o delitos contra el urbanismo de la misma manera que puede hacerlo el Seprona de la Guardia Civil.

Los sindicatos policiales han expuesto su malestar por la situación de la unidad, que está generando una serie de tensiones internas que llegan a influir en el rendimiento de los agentes. El representante del Sindicato Profesional de la Policía (SPP), sindicato que agrupa a inspectores, inspectores jefe y comisarios de la Policía Nacional, culpa de esta situación a José Antonio Saavedra Moreno, director general de Interior, Emergencias y Protección Civil, organismo de la Consejería de Gobernación del que depende directamente la unidad adscrita.

"Desde hace ocho meses no hay reuniones de coordinación. Le hemos pedido que dote a la unidad y defina el modelo policial que quiere, pero no obtenemos respuesta", expuso a este periódico el representante sindical, que lamentó que haya mandos en comisión de servicio -en una situación temporal sin que se cree su plaza- desde hace más de tres años cuando legalmente el plazo máximo para un agente en comisión de servicio es de seis meses. "Le falta conocimiento de la institución policial y creemos que se está dedicando a dejar pasar el tiempo hasta que acabe la legislatura para luego marcharse a otro destino".