El grupo Abengoa ha presentado tres escritos ante el Juzgado número 2 de lo Mercantil de Sevilla para solicitar aclaraciones a la sentencia de su magistrado titular, Pedro Márquez Rubio, que el pasado lunes falló la exlusión de la quita de la deuda a la mayoría de los impugnadores del acuerdo de reestructuración de la compañía.

Además de las aclaraciones, en los tres escritos, remitidos por las representaciones de distintas sociedades del grupo, también se pide la corrección de lo que considera errores materiales en la sentencia que también homologó ese acuerdo de refinanciación y reestructuración de la multinacional andaluza. Una vía con la que intenta abrir un recurso al Tribunal Constitucional.

Dos de los escritos presentados por el grupo Abengoa ante el Juzgados, a los que ha tenido acceso, este periódico, centran sus aclaraciones en tratar de reducir al máximo el importe de la deuda que quedaría excluida de la quita por la decisión del magistrado, que es firme en virtud de lo que dispone la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal, que prevé que todas las impugnaciones se resuelvan en una misma sentencia y que contra ésta no cabe recursos.

Abengoa declinó hacer comentarios a este periódico sobre los escritos remitiados, alegando que ya están en el ámbito judicial y prefiere no hacer valoraciones.

Fuentes jurídicas conocedoras del pleito interpretan que, en realidad, Abengoa está intentando con estas aclaraciones que la deuda exluida se quede como máximo en los 72 millones de euros en los que la compañía ha cifrado la deuda reclamada por los impugnadores a los que el juez ha reconocido desproporción en el sacrificio por obligarles a una quita del 97% si no se adherían al acuerdo de reestructuración, frente al 70% que se ha aplicado a quienes sí aceptaron las condiciones de la refinanciación.

Estas mismas fuentes señalan que la deuda comprometida por la sentencia y que, a su parecer, está reconocida al cien por cien por el fallo emitido el pasado lunes por el juez de lo Mercantil, es muy superior a esos 72 millones.

Pero además de pedir aclaraciones para acotar qué deuda está afectada por el fallo y cuál no, Abengoa, en el escrito remitido por la matriz del grupo, Abengoa SA, trata de hacer ver al magistrado que su sentencia puede haber vulnerado su derecho de defensa, con vistas a recurrrir ante el Tribunal Constitucional por afectar a un derecho fundamental.

Abengoa se basa en que "el juzgador aprecia mayor sacrificio desproporcionado de los acreedores impugnantes (Portland y Zurich y otros) que a los acreedores de deuda no afectada por la hipotética -que no real- parte no garantizada", lo que califica de "excesivo", y advierte que "estimar el sacrificio desproporcionado, en estas circunstancias, sitúa a las deudoras y solicitantes en una clara indefensión judicial y, de confirmarse mediante la aclaración que éste es el razonamiento del Juzgado, nuevamente podría suponer una causa de nulidad de pleno derecho de la sentencia dictada".