Ideología, economía y estibadores

Desde hace más de dos décadas existe un fuerte debate político, ideológico y económico en Europa acerca de las medidas que gobiernos de distinto color -conservadores y socialdemócratas- han tomado para liberalizar las economías, hacerlas más competitivas y acelerar el crecimiento y la creación de empleo.

Buena parte de las medidas -a las que se ha calificado de derechas y neoliberales- han consistido en modificar el estatus de algunas empresas que prestaban servicios públicos en régimen de monopolio, con el objetivo de reducir los costes de prestación de esos servicios.

Durante la gestión del ministro José Blanco, del PSOE, los controladores aéreos amenazaron con una huelga ante la iniciativa del Gobierno de modificar su régimen laboral. Entonces, conocimos que el sueldo medio de un controlador rondaba los 300.000 euros. En algún caso, llegaba hasta los 600.000, incluyendo las horas extraordinarias. Blanco tuvo la valentía de militarizar el servicio para doblegar el chantaje de los controladores. Aunque las nuevas condiciones económicas siguen siendo elevadas para su formación y responsabilidad, al menos se ha logrado reconducir la situación a niveles más razonables. Algo parecido sucedió con la antigua Iberia. Ha habido más casos.

Durante estos días ha saltado a los medios el intento del Ministerio de Fomento de reformar la actividad de la estiba en los puertos, por exigencias de la UE. Esta acusa a España de mantener un régimen no competitivo en las actividades de carga y descarga portuarias.

12.000 trabajadores se emplean en la actividad de estiba, de los que 1.500 lo hacen en el de Algeciras, el mayor centro de España. El 57% de las exportaciones de bienes y el 78% de las importaciones, que equivalen al 20% del PIB español, pasan por los puertos. Paralizar su actividad, supondría una pérdida diaria de unos 50 millones de euros.

La actual ley de puertos establece que toda compañía estibadora que quiera operar en España debe contratar a personal que pertenezca a las Sociedades Anónimas de Gestión de los Trabajadores Portuarios (Sagep) de forma prioritaria. Además, las empresas estibadoras tienen la obligación de ser accionistas de las Sagep. Esta situación, unida a la detallada reglamentación sobre el trabajo, provoca una notable ineficiencia y lentitud en las operaciones de los puertos. El salario medio es de 68.000 euros, pero la mayoría de la plantilla llega hasta los 80.000. Salarios elevados y rigidez en el desempeño de las labores de estiba explican que los costes totales sean un 20% superiores a los que serían en otro caso.

Adicionalmente, los nuevos puestos de trabajo suelen ser cubiertos por familiares próximos a los trabajadores.

Como sucede en todos los casos, las personas afectadas que se encuentran dentro son las que bloquean las reformas. No puede defenderse que modificar el actual estado de cosas en la actividad de estiba sea de derechas, vaya en contra de los trabajadores de forma genérica o sea una reforma de corte neoliberal. Reducir privilegios, ya sea en el sector público o en el privado, debería ser una orientación que todos los partidos políticos en los países occidentales deberían perseguir.