análisis

Joaquín Aurioles

Cambios en la dirección de la economía

Al Gobierno se le escapa el control de España, ahora en manos de Europa · Sus críticas al Ejecutivo de ZP y a las comunidades, el retraso de los presupuestos, los duros recortes y la falta de un plan de crecimiento lastran al país

DEBE revisar Rajoy su estrategia económica? ¿Debe realizar cambios en su equipo económico? Apenas ha pasado medio año desde su toma de posesión y es probable que el presidente piense, como los buenos entrenadores de fútbol, que los cambios nunca se hacen, salvo por causas de fuerza mayor, antes del descanso. La cuestión es si la temporada veraniega se puede considerar tiempo de descanso y si las primeras sustituciones pudieran aparecer en el mes de septiembre, pero lo más probable es que a estas alturas del partido el presidente considere que sería una decisión excesivamente precipitada. Puede que incluso lo sea una revisión de calado en su estrategia económica, pero no podrá continuar ignorando durante mucho tiempo las voces que, tanto desde dentro como desde fuera del país, exigen aclaraciones sobre la dureza y la duración del proceso de recuperación y sobre la forma en que el Gobierno pretende ayudar a conseguirlo, incluyendo algunas definiciones sobre objetivos a largo plazo. En definitiva, introducir algo de claridad en el contexto de incertidumbre y desconfianza que tanto reprochó a su predecesor, pero que también están acompañando a sus vacilantes primeras decisiones.

En uno de los cursos de verano que la Universidad de Málaga ha celebrado en Ronda, el profesor Cuadrado Roura manifestaba hace un par de semanas su comprensión ante el esfuerzo que están realizando las diferentes administraciones por resolver sus acuciantes problemas financieros y por sentar las bases para que situaciones parecidas no vuelvan a presentarse en el futuro, pero también expresaba su preocupación por la ausencia de objetivos a largo plazo. Se refería, sobre todo, a las comunidades autónomas, pero su demanda de planteamientos estratégicos, es decir, de ideas sobre lo que habrá que levantar cuando concluya este vertiginoso periodo de demoliciones, es aplicable al conjunto de las administraciones públicas. Lo que venía a señalar el profesor Cuadrado es que, por poner un ejemplo andaluz, los recortes salariales en la universidad andaluza pueden ayudar a resolver los problemas inmediatos, pero en modo alguno los de su sostenibilidad financiera a largo plazo o los de la calidad de la enseñanza.

Esto es en cierta medida lo que se le pide al Gobierno, cuyas primeras medidas reformadoras sólo parecen garantizar un doloroso y prolongado periodo de recesión, dado el aparente olvido de los estímulos al crecimiento que deberían acompañar a los ajustes para iniciar cuanto antes la recuperación y la creación de empleo. Al menos es lo que transmitía Rajoy cuando estaba en la oposición y durante la campaña electoral del pasado otoño, aunque hay que reconocer que desde la toma de posesión del nuevo Gobierno los mensajes han sido diáfanos al referirse a la dureza de la travesía que tendría que realizar la economía española. Puede que éste fuese el primer error, y no tanto por la valiente decisión de sacar a los ciudadanos de cualquier ensoñación en la que pudieran estar instalados, sino por echar abajo de un solo golpe el convencimiento de muchos votantes sobre la eficacia de las recetas prometidas y, de paso, su confianza.

Las primeras decisiones incluyeron algunas medidas similares a las que criticaron del anterior Gobierno, otras de las que prometieron que nunca harían y también algunas en la dirección exactamente opuesta a la esperada. Lo primero fue subir el IRPF y el IBI, además de congelar el sueldo de los funcionarios, el salario mínimo y la amnistía fiscal a los defraudadores, pero hubo otras cosas igualmente significativas. De entrada, contradicciones y desmentidos de calado entre ministros, pero sobre todo una utilización torticera de las palancas del poder para ir impregnando de nuevos tintes ideológicos la conciencia colectiva. En primer lugar, la escenificación hasta el paroxismo del exceso de déficit real sobre el anunciado por la Administración saliente. En segundo lugar, la dilación injustificable del nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Ambas decisiones tuvieron un elevado coste para el país en términos de reputación, contribuyendo decisivamente a encarecer y dificultar las condiciones de financiación exterior, junto a la inmediata reacción de la prensa internacional o la hipócrita pretensión de aprovechamiento electoral por parte de Sarkozy. Posteriormente, las baterías se dirigieron hacia las comunidades autónomas y los ayuntamientos, seguramente considerando que las ventajas de una recomposición en profundidad de las sensibilidades ideológicas justifican sobradamente los costes de reputación que puedan derivarse. El problema es que al Gobierno se le ha escapado de las manos el control de España y ahora estamos, como apuntaba Krugman, en las de Europa y el BCE. El eslogan de "más Europa", que tanto repite Rajoy en los últimos tiempos, más bien parece una huida hacia adelante, dada la escasez de alternativas y la aceptación por parte del Gobierno de verse obligado a tomar decisiones impuestas por sus socios europeos. Entre ellas, el último paquete de medidas, que no sólo incluye una subida del IVA como la que tanto se criticó al anterior Gobierno, sino también la velada sospecha de divisiones internas en el equipo económico. Si son ciertas, el presidente se verá obligado a hacer cambios y a elegir entre el deseo de combinar las estrategias políticas con las económicas y la capacidad para moverse con comodidad por el circo financiero internacional.

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