Análisis

Rafael Salgueiro

Desconcertación social y empleo comunitario

El objetivo del Ejecutivo y los sindicatos no puede ser más claro: alejar e incluso impedir cualquier reforma laboral o cualquier otro de los cambios estructurales que puedan ser reivindicados por los empresarios

ESTA semana el ministro de Trabajo (e Inmigración, ¿recuerdan?) ha seguido recriminando al presidente de la CEOE porque no se avino a firmar el acuerdo social que con tanto ahínco perseguía el Gobierno. Primero había señalado que podría haber otras organizaciones empresariales también representativas -y otros sindicatos, añado por mi cuenta- y ahora parece haber percibido "un problema de actitud" en el negociador empresarial. Y tiene toda la razón. No se ha mantenido firme en la línea de mando tal como se esperaba de él y en la ya famosa última cena no ha empuñado la pluma diciendo entusiasmado: "Si Zapatero me lo demanda, dónde hay que firmar".

El ministro tiene bien acreditado que no le agradan las voces discrepantes y en alguna ocasión poco menos que ha mandado callar al gobernador del Banco de España por atreverse a decir que el rey está desnudo. Su enojo es comprensible. No ha logrado la foto con los agentes sociales que le había encargado su inmediato superior, y eso que la ocasión era estupenda porque nadie ha ocupado todavía el lugar vacío del posado veraniego de la Obregón.

Es posible que la CEOE haya decidido no firmar en el último momento, amparándose en nuevos elementos introducidos súbitamente en la negociación. Pero a mi modo de ver no es esto lo más reprochable, sino que aceptaran una negociación dentro de unos márgenes -las famosas líneas rojas marcadas por los sindicatos- más estrechos que el famoso ladrillo del chotis bien bailado.

Parece que la organización empresarial ha decidido esta vez apostar firme por las reformas estructurales, porque a finales de julio de 2008 CEOE y Cepyme firmaron con los dos sindicatos más representativos y con el Gobierno la grandilocuente Declaración por el impulso de la economía, el empleo, la competitividad y el diálogo social, tan ligera de contenidos efectivos que ha pasado completamente desapercibida durante un año entero. Vale aceptar que algunos todavía no veían la crisis en su integridad y otros pensaban que sería un trastorno pasajero, pero las fotos y declaraciones intrascendentes ya están cansado a unos ciudadanos que progresivamente van construyendo su propia opinión sobre los asuntos que les interesan y desconfían de las pócimas mágicas de los gobiernos, por mucho que entre sus ingredientes se incluya la concertación social y el gasto público.

El objetivo del Ejecutivo y de los sindicatos no puede ser más claro. Consiste en alejar e incluso impedir cualquier reclamación de reforma del mercado de trabajo o cualquier otra de las reformas estructurales que puedan ser representadas por los empresarios, con el único fin de mantener el statu quo (las organizaciones sindicales) y llegar a la Presidencia europea sin grandes alborotos domésticos (el Gobierno), el mayor de los cuales sería que los sindicatos convocasen una huelga general. Podemos estar seguros de que Moncloa no va a hacer absolutamente nada, aunque lo haya dejado caer, que realmente contravenga la opinión de sus sindicalistas de cámara. Y no sólo por oportunismo, quizá lamentablemente también por convicción.

En ausencia de voluntad reformista quizá el Gobierno siga aumentando el gasto público, mientras pueda, bien en forma de ampliación de la cobertura a los desempleados y nuevos beneficios sociales o bien en forma de nuevos planes de empleo comunitario, como el Plan E.

Sin referirse en concreto a ninguna de ellas, el ministro de Trabajo sostuvo hace poco que el Ejecutivo había tenido que adoptar medidas de urgencia y sin tiempo para su análisis, quizá anticipando la justificación de algunas actuaciones que no tienen efecto tangible en la mejora de la situación económica. Sin embargo, el contribuyente tiene derecho a preguntarse cómo se pueden gastar ingentes cantidades de dinero sin tener una razonable seguridad de que estará bien empleado. Alguien podría incluso sostener que esto es inconstitucional, ya que el artículo 31.2 de la Constitución exige que la programación y ejecución del gasto público responda a los criterios de eficiencia y economía.

El lector puede construir su propia opinión sobre este gasto de 8.000 millones de euros, bien detallado en la web del Ministerio de Política Territorial, y conocer, por ejemplo, que de 30.903 proyectos presentados en 45 días naturales -incluido el periodo navideño- se han aprobado nada menos que 30.772, o sea el 99,6%. Una de dos, o los municipios proponentes -casi todos los de España- han hecho una alarde inusitado de talento administrativo o ha habido una manga ancha extraordinaria en la admisión de los proyectos. Me temo que lo segundo.

Tal Plan respondió a una interpretación de la crisis que la tenía por pasajera y con efectos limitados y centrados en el sector de la construcción, amén de las dificultades de liquidez de un sector financiero que no dejaba de ser "orgullo de españoles y espejo de foráneos". Los otros sectores, por su parte, habrían de restablecer su normal funcionamiento una vez solucionadas las dificultades de acceso al crédito.

La realidad era y es bien distinta y todas las opiniones acreditadas son coincidentes en la necesidad de emprender serias reformas estructurales en nuestra economía so pena de extender el drama laboral. No alcanzo a comprender qué oculto mecanismo del mercado de trabajo conocen el Gobierno y los sindicatos que les permite desatender las recomendaciones de la OCDE, la Comisión Europea, el FMI, algunos de los mejores economistas españoles y del propio Banco de España, pero si el lector tiene ganas de una buena lectura a este respecto le recomiendo vivamente el informe El funcionamiento del mercado de trabajo y el aumento del paro en España publicado en el último boletín económico del Banco de España (www.bde.es).

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