El balcón

Ignacio / Martínez

La España a la carta

SUENAN tambores de guerra entre las comunidades autónomas con motivo del déficit, el margen presupuestario que se buscan los gobernantes regionales para sobrevivir. El ministro Montoro, en un movimiento estratégico para relajar la tensión con Cataluña, ha anunciado que está dispuesto a poner objetivos de déficit distintos a los territorios. Y se ha armado la de dios. Resulta que quienes acabaron por debajo del déficit marcado el año pasado, mayormente del PP, no quieren que a los incumplidores se les premie el despilfarro. Es una medida que consideran discriminatoria, porque sólo serviría para beneficiar a Valencia, Murcia, Andalucía o Cataluña, que se fueron en 2012 muy por alto de lo establecido.

Ha surgido un frente contrario a la España a la carta. Los fanáticos del rigor presupuestario pretenden un ajuste de cuentas. El despilfarro hay que castigarlo de forma férrea, dicen. El ministro de Hacienda y el vicesecretario popular Javier Arenas intentaron apaciguar a sus huestes el pasado miércoles. Sin mucho éxito. Dos días después, el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, el mejor alumno de la clase, anunció en Mérida que pedirá que sólo se flexibilice el déficit de las comunidades autónomas cumplidoras.

Es una idea muy recta, que tiene un defecto: no funciona en todos los escenarios. Por ejemplo, se volvería contra los intereses nacionales en el ámbito europeo. Es lo que alemanes, finlandeses, holandeses y compañía querrían aplicar a España. Y es, justamente, contra lo que peleamos desde hace años. Los países con más deuda acumulada y más dificultades sociales necesitan más tiempo para hacer los ajustes. Es decir, lo contrario que el jarabe de palo que está hundiendo la economía del sur de Europa. La severa doctrina nórdica de someter a castigo a quienes tengan mucho paro y hayan despilfarrado en el pasado, no debería aplicarse en el interior de España a las regiones con más dificultades.

Incluso la UE parece dispuesta a que España llegue al 3% de déficit en 2016, con una prórroga de dos años. Si es así, las comunidades autónomas podrían tener medio punto más de margen este año: o sea, en torno al 1,2% de déficit sobre su producto bruto. Para repartirlo, habría que tener en cuenta un baremo tipo para todos y considerar que además del PIB per cápita, la población debe ser una variable importante a considerar, como viene reclamando la consejera Aguayo desde hace años, con el anterior Gobierno y con éste. Los servicios públicos esenciales, sanidad y educación, los gestionan las regiones y no es lo mismo tener muchos o pocos habitantes. Y finalmente el paro es otro dato capital a la hora de administrar el nuevo margen presupuestario. Con criterios objetivos y sentido común evitaríamos el desgaste de una nueva rencilla nacional. No necesitamos un nuevo fundamentalismo. Nos sobran.

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