NO por mucho madrugar amanece más temprano. No por que el PSOE haya tardado un par de horas en expulsar al alcalde de Estepona tras su detención va a alumbrar su ausencia de responsabilidad en la trama de corrupción que allí se había montado. El PP lo hace aún peor en ocasiones semejantes, manteniendo a sus alcaldes imputados en corruptelas y presentándolos poco menos que como perseguidos políticos.

En dos horas se cargó el PSOE la presunción de inocencia de Antonio Barrientos. Lástima que durante años haya presumido su inocencia y haya sido consentidor de sus actividades. Mis compañeros de Málaga Hoy han contado que dos concejales socialistas esteponeros se reunieron, ya en el mandato anterior, con la Ejecutiva Provincial del partido y le proporcionaron datos y documentos acerca de los convenios urbanísticos, contratos y adjudicaciones de obras mediante los que se instrumentaba el trinconeo que se estaba desarrollando en el Ayuntamiento de Estepona. Con la callada por respuesta. Callada con un matiz desvergonzado: no se debía levantar la liebre porque las expectativas eran muy buenas. ¿Expectativas de qué y para quién?, pregunto. Ahora ya va estando claro.

No quiero ni pensar que entre esas expectativas que aguardaba el PSOE de Málaga estaba recibir parte de los ingresos repartidos entre los mangantes. Lo cierto es que en Estepona funcionaba una organización delictiva con una Caja B en la que se ingresaban las donaciones de constructores y promotores favorecidos por convenios, recalificaciones y contratas municipales y de la que salía el dinero en tres direcciones: actos culturales y deportivos organizados por el Ayuntamiento -patrocinio procedente del latrocinio-, financiación del Partido Socialista y del Partido Estepona (antiguos gilistas) y bolsillos particulares del alcalde, concejales, técnicos municipales y abogados. Para que nadie se quedara sin su parte del botín, el consistorio colocaba a parientes y amigos de los ediles implicados. Todo esto, presuntamente.

No sé si algún dirigente socialista iluso llegó a creer que todo lo que se hacía bordeando la ley, o directamente saltándosela, iba a destinarse a financiar las actividades municipales o las estructuras del PSOE. La experiencia demuestra largamente -Filesa, sin ir más lejos- que en estos casos siempre, pero siempre, una parte sustanciosa del dinero se pierde por el camino de las cloacas y acaba en manos de los que urden y ponen en marcha la trama corrupta. Si no les bastaba con observar, como todo Estepona, de qué manera habían aumentado el patrimonio y el nivel de vida de los ediles, podían haberse fiado de la Junta de Andalucía, que tramitó 86 denuncias contra el urbanismo esteponero. Aquello apestaba.

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