LA mayoría de las comunidades autónomas no han adoptado medidas profundas de ajuste que permitan cumplir los objetivos de déficit. Ni en el año 2010 ni en el pasado han cumplido con los compromisos adquiridos con el Gobierno central. En la mayoría de los casos, la estructura administrativa y de gasto asociada a la misma, continúa siendo, básicamente, la del pasado. La reducción, primero, y la congelación salarial posterior a los funcionarios, junto al desplome de la inversión pública, han permitido frenar o reducir ligeramente el gasto público autonómico.

Sin embargo, además de la suavidad en el proceso de ajuste del gasto, existen razones relacionadas con los propios mecanismos de financiación autonómicos que explican buena parte de la ausencia de un ajuste más profundo.

El 80% de los ingresos no financieros de las comunidades, compuesto por ingresos compartidos (IVA, IRPF e Impuestos Especiales) y todos los Fondos (Suficiencia, Garantía y Convergencia), son recibidos a través de entregas a cuenta. Entre el período en que se realizan las previsiones de ingresos en los Presupuestos Generales del Estado y la liquidación efectiva transcurren casi tres años.

Para los presupuestos de este año, las previsiones se realizan el año anterior. Dos años más tarde se efectúa la liquidación. Si las previsiones de ingresos han sido optimistas, las comunidades realizan este año unos gastos más elevados que los ingresos que van a recibir.

Durante los años anteriores a la crisis ese desfase entre previsión y realidad recaudatoria no representaba un gran problema porque, con una economía con elevado crecimiento, podía fácilmente devolverse el exceso de ingresos recibidos del Estado, ya que la recaudación general seguía creciendo.

El problema se ha manifestado con la irrupción de la crisis. En 2007 se realizaron unas previsiones de crecimiento y de ingresos, completamente fuera de la realidad. Ya fuera por el optimismo del Gobierno central en que la crisis iba a ser pasajera o por motivos electorales, la realidad económica de 2008 fue mucho peor de lo previsto, recibiendo mayores recursos que los presupuestados. Esto mismo volvió a ocurrir al siguiente año. Adicionalmente, las comunidades recibieron también en 2009 recursos adicionales porque la liquidación del ejercicio 2007 les fue favorable, al haberse recaudado más de lo previsto.

No ha sido hasta el año 2010 cuando las comunidades han notado el impacto de la crisis sobre sus presupuestos. Pero, en el ínterin, han continuado expandiendo el gasto corriente y han acumulado un déficit adicional con el Estado de 24.000 millones de euros, el 2,4% del PIB.

Este mecanismo de entregas a cuenta hay que reformarlo. Tal y como está concebido, incorpora un sesgo al alza sistemático en el gasto. En épocas de gran expansión, como la disfrutada hasta 2007, no genera problemas insolubles. En la dramática situación actual, el mecanismo es perverso. Debería reformarse para evitar que, en plena crisis, pueda disponerse de recursos adicionales motivados por errores de previsión que se han cometido y se seguirán cometiendo.