Editorial

Fraude escolar

EL Defensor del Pueblo ha reclamado sanciones efectivas para atajar el cada vez mayor y más descarado fraude que se produce en Andalucía para burlar los criterios de la Administración educativa para la selección y admisión de alumnos en los centros de enseñanza públicos y, sobre todo, en los concertados. El informe presentado al Parlamento por el Defensor concluye que ésta es una de las cuestiones que mayor número de quejas provoca entre los ciudadanos y percibe que la crispación de los padres, cuyos hijos no consiguen plaza en un centro determinado, radica en la "impunidad" con la que se pueden realizar estas prácticas. El análisis que hace la institución que representa José Chamizo es correcto y convendría que no cayera en saco roto su petición de sanciones más efectivas para erradicar un fenómeno que perjudica a la comunidad escolar en su conjunto. Pero dada la complejidad del problema conviene analizarlo en un contexto más amplio, que pasa por evidenciar el claro deterioro que ha experimentado en los últimos años la escuela pública y la justa aspiración de los padres a que sus hijos tengan la mejor educación que el sistema pueda ofrecer. Esto, hoy por hoy, lo garantiza mucho mejor la concertada -independientemente de orientaciones religiosas o pedagógicas- que la pública. Sin contemplar esta circunstancia no se puede explicar el extraordinario auge de las irregularidades que se produce en torno al acceso a las plazas escolares. Se trata de una cuestión grave y que requiere soluciones efectivas y urgentes que están en el tejado de la Administración. La calidad de la enseñanza es, sin duda, uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la sociedad española y que, desgraciadamente, se agudiza en Andalucía. Pero en ningún caso se pueden justificar actitudes contrarias a la ley. Como tampoco son fácilmente justificables actitudes, como las recientemente amparadas por el Tribunal Superior de Andalucía, que hacen prevalecer la voluntad de los padres sobre cualquier otro tipo de circunstancia a la hora de adjudicar el ingreso en un centro escolar determinado.

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