IU impone las expropiaciones

Apesar de las matizaciones y rectificaciones formuladas por el PSOE al proyecto inicial de Izquierda Unida, la coalición logró ayer sacar adelante, como decreto del Consejo de Gobierno andaluz, su iniciativa sobre la función social de la vivienda, uno de los emblemas del programa electoral de IU que fue recogido por el pacto entre ambas formaciones políticas que permitió la continuidad de Griñán al frente de la Junta y la constitución del Gobierno de coalición. El proyecto refleja el empeño de la consejera más radical del Ejecutivo autonómico, la cordobesa Elena Cortés, responsable de Fomento y Vivienda, y ha sido aprobado en plena efervescencia del problema de los desahucios y a los pocos días de que Cortés declarara en Canal Sur que si no fuera consejera participaría en los episodios de coacción conocidos como escraches, unilateralmente dirigidos contra los cargos públicos y sedes del Partido Popular. La medida, de una radicalidad impropia de la política de Griñán, representa una cesión al sector más duro de IU, que sin duda tendrá consecuencias. El decreto remite a un futuro Plan Andaluz de Vivienda para concretar los incentivos fiscales y los seguros contra impagos y desperfectos que se pretende ofrecer, con buen criterio, a las personas físicas propietarias de inmuebles vacíos a fin de que los alquilen. Lo que sí entra en vigor de inmediato es un nuevo régimen sancionador contra las entidades financieras e inmobiliarias que dispongan de viviendas deshabitadas, que podrán ser multadas con hasta 9.000 euros -quedando excluidas de las sanciones las personas físicas dueñas de pisos vacíos-, entidades que también pueden ver expropiadas temporalmente, durante tres años, aquellas viviendas cuyos inquilinos hayan sido sometidos por ellas a procedimientos de embargo y desahucio por impago de préstamos hipotecarios. Los requisitos que se fijan para aquellas familias que vayan a acogerse al decreto aprobado ayer permiten deducir que su eficacia real va a ser muy limitada para los efectos buscados por la consejera de Fomento y Vivienda: frenar los desahucios y tratar la vivienda como un derecho humano. En resumen, el Gobierno de coalición que comandan Griñán y Valderas se propone afrontar el conflicto social de los desahucios con una política represora e intervencionista que ningún Gobierno nacional ni autonómico se ha atrevido a plantear en todos estos años. Y aunque la consejera del ramo se ha mostrado muy segura de las garantías jurídicas plenas del decreto y su capacidad legal para promoverlo, habrá que esperar a ver qué opinan el Gobierno central y los agentes sociales sobre las competencias de la Junta para adoptar estas medidas. Por lo pronto, los sectores afectados han expresado ya serias dudas sobre su legalidad.

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