'Il giardiniere punito'

EN este país en el que las penas por los delitos son de una levedad escandalosa; en el que los terroristas no arrepentidos se benefician de las redenciones de penas pensadas para la reinserción de quienes cometen delitos comunes; en el que condenas de muchos, muchísimos años se encogen hasta cumplirse en unos pocos; en el que los violadores y los pederastas son tratados como delincuentes susceptibles de reinserción, ignorando su alto grado de reincidencia; en el que los chorizos de guante blanco ven conmutadas sus abultadas condenas tras cometer delitos de miles de millones, y los chorizos sin guante son detenidos y puestos en libertad en un abrir y cerrar de ojos; en el que la sentencia contra un pederasta no se ejecuta, y ello da ocasión a que secuestre y asesine a una niña; en este país nuestro en el que las deficiencias en la administración de justicia aparecen regularmente en las encuestas como una de las preocupaciones ciudadanas, a un jubilado de 75 años le es solicitada por el fiscal una pena de cinco años y tres meses de prisión por el delito ecológico de fumigar los siete árboles de su jardín.

"No soy consciente de haber hecho nada malo", ha dicho el pobre hombre. Y tiene razón porque tras la denuncia interpuesta por una vecina hace seis años, las investigaciones constataron una mínima presencia de dos plaguicidas muy utilizados cuyo uso no está prohibido, según sus etiquetas, en espacios urbanos. Dos años más tarde la señora -único vecino denunciante de entre cuantos viven junto al huerto del jubilado- volvió a la carga denunciándole por haberle causado con las fumigaciones "una grave enfermedad respiratoria y psíquica". El juzgado archivó la querella, pero la fiscalía recurrió, solicitó un informe al Instituto Nacional de Toxicología y, basándose en sus consideraciones genéricas, solicitó la apertura del juicio y la referida de pena de cinco años y tres meses de prisión.

La noticia, publicada por El País, fue la más visitada por los lectores en su edición digital del pasado jueves. No es para menos. Lo propio de un defectuoso funcionamiento de la justicia es, además de los retrasos, la desproporción entre las penas. "Cuando hablamos de administración de justicia estamos hablando de un ámbito que está mal, que tiene dificultades y que necesita de una acción contundente" ha dicho el ministro de Justicia la pasada semana. Esta "acción contundente" no sólo debe limitarse a los retrasos, sino también a la desproporción entre las penas o la revisión del tratamiento de determinados delitos como los de terrorismo, pederastia, violación o malos tratos.