editorial

La Junta enviará las actas a la juez

EL conflicto entre el Gobierno andaluz y la juez sevillana que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo irregulares a propósito de la documentación oficial requerida por ésta entró ayer en vías de solución provisional. La juez, Mercedes Alaya, había dictado el lunes un nuevo auto, muy conminatorio, requiriendo a la Junta que, en el plazo de tres días, le enviase copias de las actas de todos los consejos de Gobierno celebrados desde 2001, además de las actas de los consejos de dirección de cuatro consejerías supuestamente relacionadas con los ERE de los falsos jubilados. La juez admite, en esta ocasión, que se supriman de las actas los apartados referidos a deliberaciones o votaciones, que mantienen su carácter reservado, y que los documentos le sean remitidos en sobres cerrados y lacrados o "con los precintos que se consideren convenientes". Aunque el auto manifiesta expresamente la desconfianza de la instructora sobre la colaboración de la Junta -la medida cautelar se adopta "para evitar (...) que pudieran alterarse u ocultarse partes relevantes de las actas"-, atiende parcialmente la petición del Ejecutivo autonómico de que se plantee un conflicto de jurisdicciones ante el Tribunal Supremo, que habrá de decidir sobre el fondo del asunto: la pertinencia o no de que la autoridad judicial conozca el contenido completo de la actividad institucional de los casi quinientos consejos de Gobierno celebrados durante la década investigada. La desconfianza de Alaya la ha llevado a hacerse cargo de la custodia de dicha documentación oficial hasta que el Supremo se pronuncie. Ayer, tras su reunión semanal, el Gobierno andaluz aceptó cumplimentar el auto de la juez. Se ha evitado, de este modo, un choque frontal entre el poder ejecutivo y el poder judicial y se plantea el conflicto en el terreno estrictamente jurídico. El más alto tribunal de la nación tiene la última palabra sobre un asunto en el que está en juego la independencia de la Justicia y la colaboración con ella de la máxima institución de gobierno de Andalucía.

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