La tribuna

francisco J. Ferraro

Las Políticas Activas de Empleo, a debate

LAS Políticas Activas de Empleo (PAE) están de actualidad como consecuencia de las irregularidades detectadas por la policía judicial a raíz de un informe de la Cámara de Cuentas sobre los cursos de formación. Las irregularidades administrativas y contables detectadas, junto a otros precedentes en proceso judicial, apuntan a que las competencias autonómicas en el ámbito de Empleo vienen siendo ejercidas, cuando menos, de forma poco rigurosa. Pero no es el objetivo de este artículo incidir en posibles responsabilidades penales, sino reflexionar sobre el sentido y la eficacia de las PAE, política que se antoja trascendental en una región como la andaluza con un 35% de paro.

Las Políticas Activas de Empleo son las que tratan de mejorar el acceso de los desempleados al mercado de trabajo con medidas de orientación, empleo y formación. Este tipo de políticas son habituales en muchos países europeos (superando el 1% del PIB en países como Bélgica o Dinamarca), mientras que en otros países desarrollados (Estados Unidos o Reino Unido) son poco relevantes, y en España se sitúan en torno al 0,85%, por encima de la media de la OCDE.

Sobre la efectividad de las PAE para crear empleo no existe acuerdo, pues las distintas evaluaciones realizadas no ofrecen resultados rotundos. Un artículo reciente, en el que se revisan 97 investigaciones sobre 26 países, concluye que a corto plazo sólo un 40% de las PAE tienen resultados positivos, pero pasado un año de ejecución de las políticas los efectos positivos aumentan, hasta llegar a un 53% después de 10 años. Entre los distintos tipos de medidas de estas políticas, la intermediación para la búsqueda de empleo es la que alcanza los mejores resultados, seguida por la formación en las aulas o en el trabajo, mientras que la creación de empleos en el sector público y en el sector privado son las menos efectivas.

En el caso de Andalucía las PAE tienen un peso relevante (más de 800 millones de euros y cerca del 3% del presupuesto autonómico), pero poco se conoce de sus resultados más allá de las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas, entre las que destaca la ausencia de concurrencia en la asignación de buena parte de los cursos. En cualquier caso, lo más remarcable es la falta de transparencia y de evaluación. Esta última es especialmente relevante para las políticas públicas, pues, a diferencia del sector privado, para el que la calidad y la eficiencia de su producción se chequean en el mercado, la "producción pública" debe evaluarse para valorar sus resultados; esto es, para conocer el grado de consecución de sus objetivos, el nivel de eficiencia y los incentivos colaterales (positivos y negativos) que genere.

A falta de evaluación, una aproximación a la utilidad de las PAE en Andalucía puede intentarse sobre la base de las realizadas para los países de la OCDE. La experiencia internacional no valora positivamente los incentivos a la creación de empleo público ni privado, que constituyen los tipos más frecuentes de las PAE en España y Andalucía. Tampoco son muy alentadores los resultados de los cursos de formación genéricos, mientras que existen experiencias más positivas sobre la orientación en la búsqueda de empleo en aquellos países en los que los servicios de empleo tienen elevada cualificación y atienden a un número reducido de personas. En particular, los cursos de formación para desempleados más exitosos están concebidos para situaciones de desempleo friccional, en los que los desempleados deben adquirir nuevas habilidades, pero, desgraciadamente, el desempleo en Andalucía está muy lejos de ser friccional, siendo el problema fundamental del paro en Andalucía la escasa oferta de trabajo y, por ello, las políticas prioritarias deberían ser las que favorezcan la densificación y cualificación del tejido productivo. Esto no significa que la formación profesional para desempleados sea inútil, pero la experiencia internacional pone de manifiesto que los mejores resultados se alcanzan en los cursos de larga duración, para colectivos con cierta capacidad para reemplearse y con prácticas en empresas.

En el contexto de las PAE debe enmarcarse el programa de empleo joven aprobado esta semana por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con una dotación de 200 millones de euros. El programa consta de cinco líneas de actuación, pero las "ayudas para la contratación de personas jóvenes para la realización de proyectos de cooperación social y comunitaria", que concentra el 86,9% del presupuesto para empleos temporales en ayuntamientos, ya ha sido valorado como ineficiente con motivo del Plan E.

Los problemas de Andalucía son múltiples. Uno de ellos, al que no se le suele prestar suficiente atención política ni mediática, es la calidad de las políticas públicas. Los indicios de las PAE van siendo negativos, tanto por sus mediocres resultados, como por las irregularidades en la gestión. Por ello, no se deben seguir aplicando estas políticas hasta que se realicen evaluaciones externas e independientes sobre su eficacia, su eficiencia y sus impactos.

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