Retrasar el cumplimiento de los objetivos

NO hay otra opción. Los días pasados hemos conocido por el World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional (FMI), y por el Banco de España, las previsiones de 2012 y 2013 para nuestro país. En ambos casos, la reducción del crecimiento ha sido espectacular desde las anteriores previsiones. Para el área euro, tasas negativas del 1,6% para este año y del 0,7% para el próximo. La propia Alemania tendrá también crecimiento negativo este ejercicio del 1% y nulo el próximo. Todos los países occidentales entran en recesión este año y la mayoría de ellos continuarán durante 2013.

Para España, el FMI estima una reducción del Producto Ineterior Bruto (PIB) los dos años: 1,7% y 0,3%. Por su parte, el Banco de España es algo menos pesimista, aunque no es para consolarse. Este año prevé una contracción del 1,6% y un raquítico crecimiento del 0,2% para el próximo.

Con este panorama, la aritmética fiscal para cumplir el objetivo de déficit del 4,4% resulta imposible. No existe una política fiscal que, con un crecimiento negativo de la actividad, sea capaz de reducir el déficit en un 3,6% del PIB (del 8% al 4,4%) en un solo año. Una política fiscal tan restrictiva tendría un efecto muy negativo sobre la actividad real, reduciendo el PIB y la recaudación fiscal asociada al mismo, lo que requeriría una reducción aún mayor del gasto, empujando a la economía a una espiral deflacionista y depresiva, con consecuencias económicas y sociales insoportables.

De hecho, además de revisar a la baja el crecimiento, el FMI también ha revisado al alza el déficit para éste y el próximo año. Para 2012 un 6,8% y para 2013 todavía un 6,3%, muy alejados de los objetivos comprometidos con la UE.

A pesar de todo, el ajuste fiscal en España está siendo intenso. Medido por la diferencia entre los déficits primarios de 2011 y 2010 (ajustados por el ciclo), es la mayor de toda la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Pero cuanto más se reduzca, tanto más negativamente va a quedar afectada la actividad económica y, por tanto, las posibilidades de crecimiento.

Esto es de todo punto más paradójico si tenemos en cuenta que existe una muy estrecha correlación entre el crecimiento y los diferenciales de tipos respecto de Alemania. En consecuencia, el propio mercado está reclamando mayor crecimiento para reducir el riesgo, frente a una reducción indiscriminada del gasto público para poder cumplir los objetivos de déficit.

Esta constatación abona aún más la idea de que un intento de reducción acelerado del déficit público no es deseable ni tampoco el mercado lo está pidiendo. El mercado está reclamando, sobre todo, crecimiento, porque sin éste la deuda seguirá creciendo indefinidamente.

España necesita realizar un esfuerzo fiscal especialmente intenso por dos motivos. En primer lugar porque, aun cuando no estuviéramos sufriendo una recesión tan prolongada, las cuentas públicas continuarían mostrando déficit. De hecho, el déficit ajustado por el ciclo será para este año del 4,7% y para el próximo del 4,1%. Sólo EEUU nos supera entre los países occidentales. Y, en segundo lugar, porque el déficit primario (el que se produce sin deducir los intereses de la deuda) es sensiblemente superior al de los países occidentales, situándose este año a un nivel del 3%.

Dado el déficit real que presentaremos a finales de este año y la combinación de un elevado déficit ajustado por el ciclo y de déficit primario, las administraciones públicas españolas no pueden mantener su actual estructura de gasto. Esto es lo que la aritmética fiscal de la economía española nos indica.

España va a estar pagando durante bastante tiempo un tipo de interés real sobre la deuda superior a la tasa de crecimiento real de la economía. Esa diferencia hará que la deuda siga creciendo. Además, hasta el año 2015, al menos, no habrá superávit primario, sino déficit, con lo que se añadirá también deuda a la existente.

Sólo tasas de crecimiento superiores al 3% podrían suavizar el ajuste fiscal. Pero esas tasas no van a volver durante muchos años. Ni volveremos a construir viviendas al ritmo del pasado, ni el resto de sectores productivos tienen capacidad para elevar el crecimiento a ese nivel.

Resulta inevitable que la UE decida, cuando antes, un periodo de ajuste más prolongado. Pero España no debe ir sola a Bruselas a pedir un alargamiento de los plazos. Ir sola significaría un estigma para nuestro país. Los mercados ajustarían cuentas elevando nuevamente el coste de la financiación y reduciendo el crédito. Ofreceríamos una imagen de debilidad económica e institucional que se añadiría a la que ya tenemos en la prensa internacional.

Aunque la deuda seguirá aumentando, Alemania cumplirá los objetivos de déficit. Italia y Francia, que no va a cumplir ningún criterio, son los compañeros ideales para extender el problema e institucionalizarlo.

Las crisis, aunque desastrosas desde el punto de vista económico y social, tienen, no obstante, efectos positivos. Y España tiene que aprovechar esta dramática coyuntura para realizar reformas fiscales, tanto por el lado de los ingresos como de los gastos. En todos los países existe economía sumergida y fraude fiscal. Pero tener una economía sumergida -y un fraude asociado- que duplica a la de los mejores países, parece excesivo.

Y por el lado de los gastos, en este país, las distintas administraciones, tienen que reflexionar sobre la cantidad y la calidad del gasto público. Si continuamos gastando 2.000 millones de euros al año en canales públicos de TV -por señalar un caso significativo- y reduciendo el gasto en I+D en 600 millones, no iremos a ningún sitio, por muchas reformas estructurales que se hagan.