Palabra en el tiempo

Alejandro V. García

Taguas

LA Ley de Incompatibilidades es una de esas normas que se perfilan siguiendo el modelo inverso que se pretende combatir; es decir, se redactan para truncar conductas concretas que han causado un notable escándalo en el pasado. Por eso no sirven para atajar los episodios, digamos, de segunda generación. El caso del antiguo jefe de la Oficina Económica de la Moncloa, David Taguas, pertenece a este tipo de conductas subsecuentes a la promulgación de la ley. A falta del dictamen definitivo del Ministerio de Administraciones Públicas, el que fuera asesor de Rodríguez Zapatero en asuntos económicos en la anterior legislatura, ya ha aceptado presidir la Sociedad de Empresas de Obras Públicas de Ámbito Nacional (Seopan).

El paso de Taguas desde La Moncloa al sector de la construcción ha provocado una objeción casi unánime. Para unos, conculca abiertamente la letra de la ley y, para otros, es un despropósito que infringe no la letra, pero sí el espíritu. El malestar también se ha extendido en el entorno del propio presidente del Gobierno. ¿Cómo, nos preguntamos algunos, la persona que ha aconsejado durante años a un presidente socialista en asuntos relativos a la política inmobiliaria recobra, a los cuatro años, la confianza absoluta de las treinta y tres mayores constructoras de España? ¿Es el mal trance por el que pasa el sector del ladrillo lo que realza precisamente la figura de Taguas?

Seopan es una sociedad poderosa. Representa a 33 empresas que manejan el 7,5% del PIB y de las que dependen 400.000 empleos. Sin embargo, Seopan, siendo empresa de empresas, no es en sí misma una empresa, sino una sociedad, ojo, ¡sin ánimo de lucro! Seopan no ambiciona, por tanto, beneficios propios, sino fomentar las ganancias de las firmas adheridas. Si no fuera porque suena un poco desvergonzado, se podría mantener que Seopan es, a su estilo, una ONG.

La ley de Incompatibilidades prohíbe a los consejeros del Gobierno incorporarse a aquellas empresas en cuya regulación participaron. Pero Taguas no sólo no ha intervenido en la regulación de Seopan, sino que Seopan no es una empresa. Si el Ministerio de Administraciones Públicas avala esta tesis e informa a favor de Taguas, a la mayoría de la sociedad sólo nos quedará el manido recurso de sostener que si bien el cambio de tercio del asesor de Zapatero es legal carece de fundamentos morales.

El caso Taguas reedita la hipótesis de la política como cauce para medrar, pero también, y esto es más grave, pone en duda y dificulta la interrelación entre la actividad pública y la privada, con lo que reduce la política a una ocupación exclusiva de funcionarios.

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