Trampas en la factura

LA banca, las telecomunicaciones y las eléctricas acumulan la mayor parte de las denuncias por precios excesivos y abusos de posición dominante, curiosamente tres mercados en los que el interés del consumidor debería estar directamente garantizado por el regulador público. Son de esos sectores que se denominan estratégicos porque si no funcionan adecuadamente difícilmente podrá hacerlo el conjunto de la economía, pero también porque se trata de mercados abastecidos por un número reducido de grandes empresas, con suficiente poder como para imponer condiciones abusivas a sus clientes.

Muchas de las reclamaciones terminan prosperando, aunque para ello es necesario advertir el error o el abuso y decidirse a adentrarse por el tormentoso camino de los departamentos de atención al cliente y facturación, cada vez más frecuentemente a través de un teléfono 902. Si no hay protestas el beneficio de la compañía es evidente, pero incluso en el caso de devolución habrá existido una financiación temporal nada despreciable. El grueso de las ganancias suele estar, no obstante, en el funcionamiento del sistema, con el consentimiento del regulador. El ejemplo más claro está en el déficit tarifario que el estado reconoció a las eléctricas hace una década y que se comprometió a liquidar antes de 2013. Más o menos viene a suponer que las eléctricas aceptaron vender el kilovatio a un precio inferior al que cuesta producirlo, a cambio de ir recuperando la diferencia paulatinamente en el recibo de la luz. La diferencia acumulada debe andar por los 20.000 millones de euros, aunque esto no ha impedido a las eléctricas obtener cuantiosos beneficios año tras año.

En 2010 las cuatro grandes compañías consiguieron más de 8.000 millones, así que no hay más remedio que preguntarse por dónde está la trampa. La respuesta no puede ser tan simple como la pregunta, aunque una parte importante de ella está en que para el cálculo el déficit de tarifa no se tiene en cuenta el coste real de producir cualquier kilovatio, sino el más caro, que curiosamente suele ser el de las renovables, entre otras cosas porque las instalaciones más antiguas, las de origen térmico o hidráulico, suelen estar amortizadas. Pero no es necesaria la presencia del sector público para que aparezcan los precios trampa. En el sector aéreo han sido relativamente frecuentes, pero sobre todo en los últimos tiempos tras la aparición de las compañías low cost y sus políticas de cargo por equipaje, cancelación de billetes, confirmaciones de reservas o comisiones por pagos con tarjeta.

Tampoco es necesario que se trate de grandes compañías. Ahí están los taxistas o los aparcamientos públicos, aunque en estos casos la situación suele estar condicionada por el grado de organización de las empresas y, sobre todo, por la voluntad de los ayuntamientos de enfrentarse a las situaciones de abuso. Otras situaciones son todavía más chocantes porque obligan a pagar por servicios no demandados, como cuando llega la factura del restaurante con dos euros de sobrecargo por comensal, en concepto de pan y cubierto, pero sobre todo por el plato de aceitunas que nadie pidió.