Treinta años

HEMOS celebrado treinta años de la Constitución y muchos comentarios han hecho un balance del tiempo pasado. También han surgido alusiones a las relaciones entre la Iglesia y el Estado, aunque los acuerdos se concretaron el 3 de enero de 1979, mucho antes de que se pudiera aplicar la Constitución. Éste fue el primero de los males: que se hicieron cuando todavía no se habían desarrollado los principios democráticos constitucionales. Estas regulaciones posibilitaron que la Transición a la democracia no se bloqueara por divergencias en torno al hecho religioso. Hoy ya no hay transición, sino democracia estable, y el hecho religioso ha vuelto a convertirse en causa de crispación en la sociedad. Resurgen algunas corrientes intransigentes, tanto en el ámbito de la Iglesia como en el estatal.

Persisten problemas irresueltos, una vez acabada la Transición, como los de la financiación de la Iglesia, el papel de la religión en la enseñanza pública, los costos y derechos de los profesores de religión, que están marginados de la legislación laboral común; la exención de muchos impuestos a la Iglesia católica y las desigualdades comparativas con otras religiones, etc. Hay que añadir, además, problemas éticos y leyes controvertidas, que han sido duramente criticadas por la jerarquía eclesiástica. Se polemiza sobre si la Constitución es laica o no confesional, sin que esté claro en qué poner la diferencia.

Los problemas se agravan porque los acuerdos están legitimados por un tratado internacional, lo cual limita las posibilidades de acción de todos. La Constitución necesita nuevas aplicaciones y desarrollos, también en lo religioso, que conllevan nuevos acuerdos. El problema es que el Gobierno y la Iglesia se enfrentan en muchas cuestiones, pero convergen en no querer revisarlos. Lo más paradójico es la actitud del Gobierno, que protesta mucho y critica a los obispos, pero no quiere, no se atreve o no puede plantear esa revisión. Para compensar a los críticos, despliega otra serie de batallas menores, contribuyendo a la crispación social, sin reconocer que el nudo gordiano son los acuerdos y que el mejor servicio que se puede ofrecer al país es derogarlos y sustituirlos por otros, de común acuerdo con la jerarquía, teniendo ambos como referencia el sentir mayoritario de los ciudadanos.

Hay un choque de mentalidades polarizadas. Por un lado, la jerarquía corre el peligro de aparecer como la instancia referente de la derecha moral y política del país, sin más alternativas ni contrastes. La preocupación por la moral les lleva, a veces, a que pase a un segundo plano la prioritaria atención al dolor humano, que es lo que caracterizó a Jesús y le llevó a enfrentarse a las leyes religiosas de su época. No es raro que gente que valora positivamente el aporte de la Iglesia a la sociedad en ámbitos como la educación, la asistencia social a los pobres y la preocupación por la familia se extrañen, cuando no se escandalizan, de su lejanía a la gente, sobre todo en problemas concernientes a la moral sexual y la bioética. La vieja moral del pecado, centrada en la sexualidad, sigue siendo determinante de mentalidades y prácticas.

Por su parte, el Gobierno anhela una religión confinada al ámbito privado y cultual, que es la vieja tentación de todo gobierno autoritario, de derechas y de izquierda. Su laicismo oscila entre la colaboración vergonzante con la Iglesia o la agresividad, con mucho peso de anticlericalismo y de espíritu de revancha, por el papel jugado por la jerarquía en la dictadura franquista. La referencia al laicismo no sirve para resolver los problemas, porque hay distintas formas de entenderlo, incluso en la misma Francia. Laicistas son naciones como Alemania, los países nórdicos y muchos del Este, que, sin embargo, mantienen buenas relaciones de colaboración con las diversas iglesias. Aquí estamos lejos de ello y somos más papistas que el Papa, y más laicistas que los países con una larga tradición de sociedad secular y laica.

Nos falta la cultura y sensibilidad democrática que sólo dan los años. Todavía queda mucho para la europeización de España en mentalidades y sensibilidades, y donde más se nota es en el liderazgo político y eclesial. España ha tenido secularmente mala suerte con sus gobernantes políticos y eclesiásticos, todavía hoy más cercanos a la vieja mentalidad predemocrática, que a la sensibilidad cultural de nuestro entorno. España sigue siendo el problema y Europa la solución, porque en ella, las iglesias han asumido la sociedad secularizada y laica, y el Estado no busca adoctrinar ni desplazar la religión a ámbitos irrelevantes. En lo religioso, estamos todavía en la Transición y para superarla es necesario actualizar la Constitución y, con ella, los acuerdos Iglesia-Estado del 79.