Viviendas, desahucios e intervencionismo

LA política andaluza ha irrumpido con fuerza esta semana en la escena nacional tras la aprobación por la Junta del decreto-ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. Se trata de la primera medida de envergadura en la que Izquierda Unida ha dejado su impronta desde que formó con el PSOE el Gobierno bipartito que garantizó la continuidad de Griñán. De hecho, consta que los socialistas han suavizado algunos de los aspectos más radicales del decreto. También ha sido la primera vez en mucho tiempo que la Andalucía política ha sido noticia nacional por una cuestión distinta al escándalo de los ERE. Por otra parte, las reacciones al decreto-ley han sido más moderadas de lo que cabría esperar. Elogiado por las plataformas contra los desahucios y asumido como propio por el PSOE a nivel federal -y, claro, también por IU-, no ha habido tampoco una réplica frontal desde ámbitos políticos y judiciales de centroderecha. El Gobierno no ha anunciado, de momento, ningún recurso de inconstitucionalidad y en el PP andaluz se ha impuesto la idea de mejorar el texto con las enmiendas pertinentes. Ello puede ser un reflejo de que el decreto contiene una parte que puede ser asumible (la referida a la paralización de los desahucios de colectivos sociales en riesgo de exclusión a través de la expropiación temporal de viviendas de los bancos), aunque el número de afectados es muy limitado, lo que indica que no está ahí la raíz del problema que se pretende atajar. Lo absolutamente inasumible es la política de sanciones a los propietarios de viviendas deshabitadas, forzándoles a vender o alquilar en condiciones lesivas para sus intereses. Aparte de constituir un ataque en toda regla al derecho de propiedad, pone en marcha una práctica intervencionista y de tufo totalitario que parece ajena a las necesidades de la Andalucía del siglo XXI. Por ese camino va mal el Gobierno PSOE-IU.