Editorial

La dependencia, un derecho individual

UNA sentencia sin precedentes en España dictada por un juez andaluz, el titular del Juzgado de los Contencioso-Administrativo número uno de Jaén concretamente, ha enmarcado las ayudas para las personas dependientes como un derecho individual de éstas y no de quienes les tienen a su cargo, habitualmente familiares que les atienden personalmente a costa del desarrollo de su propia vida profesional o teniendo que contratar a otras personas para ese cometido. La sentencia es especialmente relevante porque desestima la petición de la hija de una mujer considerada gran dependiente por la Junta de Andalucía desde enero de 2008, resolviendo la petición que la afectada presentó en junio de 2007. El 3 de junio de 2008 se aprueba su Plan Individual de Atención, en el que se le reconocen unos derechos económicos mensuales y otros retroactivos por el tiempo que llevaba tramitándolo. Sin embargo, dos días antes a esta aprobación la mujer gran dependiente falleció. Es precisamente en esa anterioridad del óbito a la aprobación del plan individualizado en lo que juez se ha basado para desestimar la petición de la hija de la fallecida de que se le abonase el dinero otorgado con carácter retroactivo: casi 6.000 euros. Es importante que la Justicia clarifique que esas ayudas son de las personas dependientes y no de sus herederos. Sin embargo, el caso pone de manifiesto que la lentitud de la Administración está restando eficacia al cometido de la ley. Seis meses pasan entre trámite y trámite, un plazo que es excesivo, a nuestro juicio. Hemos defendido que la Ley de la Dependencia ha supuesto un salto cualitativo en la cobertura social que da el Estado. Un cambio positivo que, empero, tenían que desarrollar, como tantas apuestas legislativas, las administraciones autonómicas. Si a las personas dependientes a las que, con justicia, quiere resarcir esta ley con ayudas que mejoren su calidad de vida y las de quienes les atienden se les escapa la existencia esperando a que una Administración tan voluminosa como torpe resuelva su caso, la realidad es que el avance social que supone esta ley queda seriamente mermado. Este caso debe servir para que la Junta de Andalucía impulse cuanto antes la prevista creación de la Agencia de la Dependencia, que, como ente autónomo, agilice la tramitación de las ayudas.

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