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Rafael Padilla

¿Una falsa piedad?

TENGO serias dudas -ya las he expuesto con anterioridad aquí- sobre la aplicación que, por parte de las autoridades andaluzas, se esta haciendo de la normativa de protección de menores. A casos conocidos y con finales esperpénticos se une ahora el de María José Rodríguez, una madre cordobesa a la que, siempre según su versión, le ha sido "provisionalmente" retirada la custodia de sus dos hijos (de 11 años y de un mes respectivamente) por no tener dinero para mantenerlos, al haber cesado en su trabajo y carecer de ayuda al desempleo.

La situación de María José, como comprenderán, es desesperada. A la tragedia de que su pareja y padre de los niños, a quien además denuncia por maltratador, les abandonara, se añade hoy el hecho de que la Junta de Andalucía le separara primero, en septiembre, de su hijo mayor y después, hace unos días, de su crío recién nacido, sin esperar siquiera a que ella recibiera el alta hospitalaria.

Como consecuencia de la repercusión nacional de la noticia, la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social ha negado que exista una relación de causa a efecto entre la falta de empleo de María José y la subsiguiente pérdida de sus hijos. "La decisión -afirman fuentes oficiales- se tomó a partir de informes técnicos" que acreditan "factores de desprotección de los menores". Pero lejos de aclarar cuáles son esos factores, esas mismas fuentes no han precisado nada más sobre ellos, ni ha querido determinar las circunstancias concretas que aconsejan una medida tan traumática.

Precisamente por eso, por el creciente grado de oscurantismo que se aprecia en estas actuaciones, sigo pensando que nuestro sistema, al prescindir del previo control judicial, puede propiciar verdaderos disparates. No es aceptable que a nadie se le quite lo único que tiene por el mero hecho de ser pobre, supone una aberración en el uso de las leyes y una perversión -concedo que hasta bienintencionada- de sus fines. Mucho más si, como señala la jurisprudencia al efecto, el mantenimiento de la convivencia familiar debe ser la prioridad esencial a la que atender.

Porque no podemos permanecer insensibles ante resoluciones que quizá sean caprichosas, ni aquietarnos a una falsa piedad que se contenta con buscar sólo el presunto y teórico "bien" material de los niños, se nos ha de dar una información exhaustiva, razonada y transparente de los supuestos en los que la quiebra de ese vínculo, tan natural y tan humano, resulte desgraciadamente inevitable.

Ni acuso, ni reprocho. Sí digo que, a falta de otros fundamentos aún por esclarecer, el quitarle sus hijos a una madre simplemente porque ésta carece de medios económicos es un acto tan hipócrita, tan zafiamente cómodo e injustificado, como revelador de una filosofía descabellada, perniciosa y, a la postre, profundamente nauseabunda.

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