Editorial

Un poco de memoria

EL alcalde se ha pronunciado este domingo por primera vez sobre el grave conflicto existente en el Polígono Sur entre dos clanes familiares de etnia gitana. Como se recordará, los afectados por este episodio han estado vagando por la ciudad durante el verano por miedo a que un ajuste de cuentas entre ellas derivase en una tragedia. En su deambular, estas familias se instalaron primero en chabolas junto al puente de hierro y, posteriormente, entraron y salieron de las viviendas situadas en el Polígono Sur que ocupaban de forma irregular. La Junta, de hecho, sólo ha podido validar la situación legal de 5 de los 41 inquilinos existentes en estos pisos, lo que da una idea del escaso control que ejercen las administraciones públicas sobre su patrimonio. Monteseirín, que había sido discreto en relación a este asunto bajo el argumento de que era mejor trabajar y no hacer declaraciones al respecto, asegura ahora que el Consistorio está dispuesto a dar una vivienda a los chabolistas que "cumplan los requisitos" para acceder al parque social de pisos que administran la Junta y el Ayuntamiento. "No vamos a favorecer al que venga por las malas, con amenazas, o patadas en la puerta", dijo categóricamente el regidor. Y añadió: "Tampoco vamos a usar los recursos económicos para cosas distintas [ a las previstas] para luego volver a las andadas". Aparentemente, la posición del primer edil hispalense es razonable: las administraciones deben ser muy cuidadosas a la hora de gestionar los recursos de solidaridad colectiva -como son, en este caso, los programas sociales- so riesgo de desvirtuar su propia naturaleza. Sin embargo, en las palabras de Monteseirín se obvia un factor esencial para explicar lo que sucede en el Polígono Sur. Y es el hecho de que estas familias sin vivienda son aquellas a las que el propio Ayuntamiento entregó en su día dinero en metálico, sin control alguno, para que abandonasen el núcleo de Los Bermejales. Aquella decisión, criticada incluso por la Junta de Andalucía, y que quebró la política social que venía haciéndose en Sevilla durante décadas en relación a este tema, arroja una nueva lectura de la situación actual y deja sin discurso, y sin autoridad política, al gobierno local, que entonces alegó que pagando solucionaba de una vez el problema de vivienda de las familias. A la vista está que no ha sido así. De aquellos polvos... vienen estos lodos.

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