Una reforma 'win-win'

DESDE hace ya algún tiempo, no hay aniversario de la Constitución en el que no surja el debate sobre su reforma. Este año la polémica ha continuado una vez pasada la efeméride, y los medios nos siguen ofreciendo un sinfín de opiniones a favor o en contra de la necesidad de introducir cambios en el texto constitucional. Es un debate interesante, pero a mi juicio no se plantea desde la perspectiva adecuada. La pregunta que realmente hay que hacerse no es si es necesario reformar la Constitución, sino si nuestra clase política será capaz de llegar al consenso necesario para reformarla. Dicho de otro modo: siendo importante el contenido de la reforma, lo verdaderamente trascendente no son sus términos, sino el acuerdo político sobre la misma.

En política, como en la vida, hay que saber optar en cada caso por la estrategia más adecuada para enfrentarse a los problemas. Hay ocasiones en que las circunstancias plantean un juego de suma cero, en donde el beneficio de uno de los participantes exige inevitablemente el perjuicio del otro. En otras, por el contrario, el beneficio propio sólo se alcanza consiguiendo también el de los demás. El baloncesto y el tráfico son dos buenos ejemplos de cómo escenarios distintos exigen estrategias opuestas para alcanzar el éxito, la estrategia competitiva (para que yo gane tú debes perder) o la colaborativa (para que yo gane tú debes ganar también).

La única estrategia viable para una reforma constitucional duradera es sin duda colaborativa, no competitiva, una estrategia ganador-ganador (win-win). La razón es clara: en una Constitución se definen las reglas del juego, y sólo las redactadas de común acuerdo entre todos los contendientes pueden garantizar que cualquiera de ellos pueda aspirar en el futuro a ganar el partido compitiendo (ahora sí) en buena lid. Así se hizo en 1978, cuando hubo que aprobar nuestra actual Constitución, y así debería de hacerse también a la hora de reformarla.

El problema no es, pues, si realmente ha llegado el momento de la reforma constitucional, sino si se dan las circunstancias para que sea posible el acuerdo constituyente. Es cierto que éste se hizo realidad hace ahora 34 años, pero no es fácil que el espíritu de la transición vuelva ahora a aflorar de nuevo: desde entonces, nuestra clase política se ha entrenado a fondo en la estrategia competitiva, la propia de la contienda política diaria, y tiende a plantear la reforma constitucional olvidando que se trata de una empresa en la que cuando le va mal al Gobierno la va mal también a la oposición (y viceversa). Peor aún sería que la incapacidad para diseñar una estrategia colaborativa se trasladara también a la opinión pública, pues una reforma constitucional de calado debería someterse a referéndum, y en éste el electorado debería decidirse a apoyar un texto que, si realmente quiere cumplir su papel, no puede satisfacer a nadie del todo. ¿Cuánta gente estaría dispuesta a votar a favor de algo que en parte no le gusta porque esa parte es precisamente la que le gusta a su vecino? El apoyo que saliera del referéndum debería de ser, además, suficientemente intenso como para dotar a la reforma de una legitimidad indiscutible, lejos de la escuálida mayoría simple que sería legalmente exigible en las urnas.

Es cierto que en dos ocasiones, en 1992 y en 2011, hemos sabido reformar la Constitución con el suficiente consenso, aunque en la última éste no fue ni mucho menos el que habría sido deseable alcanzar. Pero ninguna de estas reformas son garantía de que sabremos hacerlo también en el futuro: en las dos ocasiones se trató de opciones que nos vinieron impuestas por Europa y en las que se evitó convocar al pueblo para que las ratificara. Todo lo contrario de lo que ahora habría que hacer: tomar nuestras propias decisiones y darle la palabra a todos, en particular a los que, por edad, no pudieron tomarla en 1978, las generaciones llamadas a renovar el pacto constituyente que hicimos sus predecesores.

En definitiva, debemos ser conscientes de que existen dificultades considerables que podrían llevar la reforma constitucional al fracaso. ¿Deberíamos, pese a todo, correr ese riesgo? Nuestra transición también nos ofrece un buen ejemplo para comprobar si hoy estaríamos en condiciones de superarlo: los primeros grandes pactos políticos tras el franquismo no fueron los pactos constituyentes, sino los pactos de La Moncloa, gracias a los cuales pudimos salir de la profunda crisis económica que, entonces como ahora, se cernía sobre el país. Hoy, el pacto económico entre todas las fuerzas políticas parlamentarias no sólo sería la mejor manera de salir de la crisis, sino un excelente test para saber si nuestros políticos son capaces de dejar por un tiempo de darse codazos bajo el aro y si nuestra opinión pública es capaz de, pese a ello, aplaudir con entusiasmo la jugada. Una vez alcanzado ese pacto, sería más fácil que se generara el deseable clima constituyente en el que la reforma constitucional podría intentarse con razonables expectativas de éxito.