EL déficit de las comunidades autónomas pondrá muy difícil la consecución del objetivo de déficit del Gobierno en 2011. Ahora que se publica el dato todos los trimestres se pueden ver estas cosas y aunque de momento sólo disponemos del correspondiente al cuarto de 2010 y al primero de este año, se aprecia una deriva excesivamente alejada del objetivo. Con un aumento en el gasto del 5,4% y un descenso de los ingresos del 2,2% entre enero y marzo, será difícil que el déficit anual del conjunto de las autonomías consiga reducirse hasta el pretendido 1,3% para poder así contribuir al objetivo comprometido del 6% para el conjunto del Estado. Castilla-La Mancha y Baleares son las que están peor de todas, pero Andalucía, Murcia, País Vasco y Comunidad Valenciana no están mucho mejor, lo que explica que al final haya terminado imponiéndose la fría racionalidad germana que, de un tiempo a esta parte, campea por la Comisión para demandar, por boca de su Comisario de la Competencia, el socialista Joaquín Almunia, limitar por ley el techo de gasto de las comunidades autónomas. También lo han pedido desde la OCDE y seguramente se trata de planteamientos razonables porque los problemas financieros de las comunidades constituyen en estos momentos el principal factor de riesgo de incumplimiento con los compromisos internacionales en la materia, aunque en modo alguno justifique, como ha denunciado José Antonio Griñán durante el debate del estado de la comunidad, la moda de echar a las autonomías las culpas de los problemas económicos del país.

También ha asumido el presidente de la Junta el compromiso de aceptar la imposición del Gobierno de España para fijar como techo de gasto para los presupuestos del año que viene el del crecimiento estimado del PIB nominal, pero aprovechando la ocasión para denunciar también el injusto trato con Andalucía al imponer tratamientos similares para realidades económicas y sociales muy diferentes. Aunque se trata de una cuestión excesivamente compleja para ser resumida en unas pocas líneas, valdrá un ejemplo para entender el trasfondo de la reivindicación de Griñán. Cataluña, a la que nuevamente recurrimos como referencia por aquello de tratarse de una comunidad en las antípodas de la andaluza, había conseguido cerrar el primer trimestre con un déficit del 0,09% de su PIB, considerablemente inferior al 0,75% de Andalucía, aunque estiman que a final de año estarán en torno al 2,66%, que es el doble de lo permitido. La cuestión es que, según la contabilidad regional del INE de 2010, el PIB por habitante de los catalanes era de 27.000 euros, mientras que el de los andaluces era sólo de 17,400, es decir, un 35% más bajo, lo que significa que si el límite de déficit permitido se establece en forma de porcentaje sobre el PIB, las diferencias de base determinan que el esfuerzo de ajuste que el Estado está pidiendo a los andaluces sea considerablemente mayor que a los catalanes. Tampoco supone mejora el hecho de que el crecimiento del gasto se vincule al estimado para el PIB nominal, puesto que en 2010 Andalucía fue, junto a Castilla-La Mancha, la región donde mayor fue la caída: -0,9%.