Delito societario de Mercasevilla

La Fiscalía pide el archivo de la causa contra el ex concejal José Antonio García y la nuera de Rivas

  • Solicita a la juez que las cuatro facturas por el pago de la “ilícita comisión” al conseguidor se incluyan en la pieza de los ERE de Mercasevilla

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La Fiscalía de Sevilla ha pedido a la juez María Núñez Bolaños, que investiga la causa del delito societario de Mercasevilla, que archive la causa contra el ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla José Antonio García y contra María del Carmen Rodríguez Borrero –nuera del ex delegado de Empleo Antonio Rivas-, en relación con los supuestos “contratos simulados” con las empresas del conseguidor de los ERE Juan Lanzas, cuyas nóminas habrían sido abonadas por Mercasevilla mediante cuatro facturas falsas.

Después de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acordara en mayo pasado de la causa por estos mismos hechos contra el diputado andaluz del PSOE Carmelo Gómez, la Fiscalía de Sevilla ha enviado un escrito al juzgado de Instrucción número 6 en el que señala que una vez vistos los “argumentos expuestos y tenidos en consideración por los magistrados para declarar la acción penal por prescripción del delito de contrato simulado y el sobreseimiento provisional y archivo del delito de malversación de caudales públicos, no se opone a que se acuerde por la instructora igual pronunciamiento respecto a los dos investigados que se hallan en pareja situación”.

El Ministerio Público señala, no obstante, que al margen de la conducta de estos dos investigados, “se mantienen los indicios” en relación con el pago por parte de Mercasevilla de cuatro facturas por importe de 263.971,13 euros a favor del entramado societario del conseguidor Juan Lanzas, dos de ellas a favor de Maginae Solutions y dos a nombres de empresarios de Granada, quienes han declarado que no realizaron trabajo alguno para Mercasevilla.

El Ministerio Público argumenta que de la exposición razonada enviada por la juez Bolaños al TSJA se desprende que todos estos pagos aparecen “vinculados” a la cantidad que en concepto de “ilícita comisión” debía recibir Juan Lanzas por su actuación para conseguir que los fondos públicos de la Junta “volvieran a manar para sufragar el coste para la empresa Mercasevilla del segundo ERE, del año 2007, de forma similar a como ocurrió en el ERE de 2003, a través de su contacto con el entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, que llegó a comprometerse por escrito para tal pago, si bien parece desprenderse que, ante la ausencia de trabajos reales, se facturaba por otros conceptos”.

De ahí que además del archivo de la causa contra el ex edil José Antonio García y la nuera de Rivas, la Fiscalía solicita que se remita testimonio de las cuatro facturas para su unión a la pieza separada de enjuiciamiento que se forme en la macrocausa de los ERE, en relación con las ayudas públicas recibidas y comprometidas por la Junta a favor de Mercasevilla y que sirvió para “afrontar el coste de la suscripción de pólizas de renta colectiva a favor de los trabajadores de la empresa acogidos a los planes de prejubilación pactados en las negociaciones de los dos ERE entre empresa y trabajadores”.

El Ministerio Público recuerda que la Fiscalía Anticorrupción ya solicitó en un escrito del 15 de octubre de 2015 la formación de la pieza separada de los ERE de Mercasevilla, una petición que fue reiterada en junio de 2016.

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