Urbanismo rechaza los recursos para suspender las obras en las Atarazanas

  • Los conservacionistas tachan la restauración de los antiguos astilleros de "crimen patrimonial"

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La Gerencia de Urbanismo ha desestimado los recursos interpuestos por la Asociación de la Defensa del Patrimonio Histórico de Andalucía (Adepa) y la Fundación Museo Atarazanas contra el acuerdo de la comisión ejecutiva para conceder licencia de obras de acondicionamiento y restauración de las Reales Atarazanas.

A los conservacionistas les queda ahora los tribunales. Recurrieron el pasado 27 de mayo ante los juzgados de lo Contencioso Administrativo de Sevilla la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento para la restauración de los antiguos astilleros y pidieron, como medida cautelar, que se ponga en suspenso. El recurso se dirige contra "la desestimación por silencio administrativo del recurso de alzada" interpuesto por la asociación ante el Consistorio, precisamente contra la concesión de la citada licencia de obras. Del mismo modo, se dirige también contra "la Consejería de Cultura" porque la citada licencia de obras "no puede otorgarse sin el previo informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico".

Adepa señaló, entre otras cuestiones, "la irreversibilidad de las obras que se pretenden acometer, especialmente en la fase inicial de refuerzo de la cimentación, preceptiva y previa para acometer la obra", tratándose las Atarazanas de un recinto declarado monumento histórico artístico y bien de interés cultural, según recordó el colectivo. Además, solicitó la apertura de una "pieza separada" destinada a resolver su petición de que, como medida cautelar, sea suspendida la mencionada licencia de obras. "Podemos encontrarnos ante una futura y contradictoria situación en la que se estime nuestro recurso declarando la ilegalidad de la obra y, sin embargo, no se pueda ejecutar la sentencia por los daños irreversibles producidos sobre el edificio", avisó la entidad conservacionista. Pese a que el proyecto de las Atarazanas cuenta con aval de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico y con licencia de obras, los colectivos conservacionistas lo tachan de "crimen patrimonial".

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