Los ayuntamientos sevillanos de Alcalá de Guadaíra, Alcalá del Río, Carmona, El Viso del Alcor, La Rinconada, Mairena del Alcor y Santiponce, municipios todos afectados por la huelga indefinida convocada en la empresa de transporte de viajeros Casal, barajan la posibilidad de contratar servicios de autobuses para contrarrestar el paro técnico siguiendo el ejemplo de Dos Hermanas, donde el Gobierno municipal de Francisco Toscano (PSOE) ha instaurado lanzaderas desde el núcleo de Montequinto hasta la Universidad Pablo de Olavide (UPO).

El concejal de Movilidad y Seguridad del Ayuntamiento de Dos Hermanas, José Román (PSOE), informó a Europa Press de que durante la reunión celebrada hoy entre los concejales de transportes de todos estos ayuntamientos, incluido el nazareno, se ha debatido la posibilidad de instaurar en estos municipios una medida "similar" a la ya adoptada en Dos Hermanas para enlazar el núcleo residencial de Montequinto con la línea 36 de Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam).

Estos municipios mantienen una relación constante de flujo de ciudadanos con 13.500 viajes diarios cifrados, "por lo que el transporte público se convierte en una herramienta básica del día a día", señalaron los concejales del ramo. Tras tres meses de conflicto y tres días de servicios mínimos, "empiezan a ser los 240.000 ciudadanos potencialmente usuarios los que finalmente están siendo perjudicados y sin visos de resolución".

Así, y dado el recrudecimiento del conflicto con autobuses saboteados y cruces de acusaciones entre la directiva de Casal y ASC, que convoca la huelga en solitario, los concejales delegados de Transporte pidieron a la Consejería de Empleo que "redoble" sus esfuerzos, reclamando asimismo "flexibilidad" a ambas partes para "obtener una resolución inmediata".

Hicieron también alusión al Consorcio de Transportes, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes, para que "se una a buscar soluciones y tome medidas", pidiéndole "mayor implicación" y una reunión urgente para analizar la situación. En esta tesitura, los concejales manifiestan su "total respeto al derecho a huelga de los trabajadores", al tiempo que exigen a ambas partes "altura de miras en la necesidad de desbloquear una situación ahora en un punto muerto".

Mientras tanto, los ediles metropolitanos instan al "cumplimiento riguroso" de los servicios mínimos legalmente fijados en un 60 por ciento en horas pico y un 30 por ciento en horas valle, al tiempo que lamentan las molestias sufridas "por los ciudadanos de nuestros pueblos en el desarrollo del conflicto", dado que de perpetuarse esta situación "nos veremos obligados a tomar otra serie de medidas acordadas de forma conjunta".