La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha ordenado dejar fuera del caso del desfalco en el sector F de Almensilla a varios miembros de la junta de compensación, cuyo tesorero se llevó el dinero que estaba previsto para la urbanización y para regularizar toda la zona.

El sobreseimiento de las diligencias  afecta al presidente de la entidad, el secretario, el actual tesorero y un vocal, según un auto emitido el pasado 4 de diciembre y recogido por Europa Press.

Sí se mantiene el procesamiento, entre otros, de Ismael Antonio Perea, ex concejal socialista de Almensilla, presidente de la junta de compensación durante varios años y que también fue director del Consorcio Fernando de los Ríos de la Junta que, según señala la juez, "prevaliéndose de su cargo y al estar asimismo autorizado en las cuentas de la junta de compensación, retiró cheques al portador por importe de 301.695 euros", una parte de los cuales cree que se usaron con fines personales y de acuerdo con el tesorero. Se piden para él cuatro años y medio de presión por aprobación idebida.

El nuevo auto responde al recurso de apelación que estas cuatro personas, hasta ahora investigadas, habían presentado contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 1 de Coria, de febrero de 2019, que ordenaba continuar las actuaciones por el trámite del procedimiento abreviado contra Julio Mateos, conocido como el Dioni de Almensilla y que fue el tesorero de la junta, en libertad desde mayo de 2019 tras su ingreso en prisión en agosto de 2016; el expresidente de la entidad Ismael Perea y la gran mayoría del resto de investigados.

En su recurso de apelación contra dicho auto de procedimiento abreviado, el actual presidente de la junta de compensación, Francisco Carvajal; el secretario de la misma; Juan Carlos Aguilera; el actual tesorero, José Carlos López Romero; y el vocal de la entidad Antonio Bollo esgrimían entre otros aspectos "una errónea valoración de las funciones atribuidas" a los mismos, los cuales "al igual que el resto de los propietarios (del Sector F), no supieron hasta el 27 de mayo de 2015 a través de un correo electrónico, de la existencia de una apropiación de fondos por parte de Julio Mateos Palacios", ni que se hubiesen realizado las conductas que se atribuyen a Ismael Antonio Perea Fernández, Juan Carlos Navarro Huertas y Manuel López Sequera".

En ese sentido, la Sección Primera de la Audiencia considera que respecto a los cuatro aludidos "no concurrían los requisitos exigidos legalmente para la comisión de los delitos imputados", en lo que se refiere a la falta de control respecto de las actuaciones de los órganos de la junta de compensación y as decisiones adoptadas por las asambleas, "en las que se privó a los socios que no se encontraban al día en el pago de las cuotas, de su presencia" situación que fue considerada por otros socios como una violación de su derecho a la información sobre las actividades de la junta y su estado económico.

"No concurre en este caso este elemento esencial a la tipificación del delito societario que se les imputa, pues aunque se trate de actuaciones de una junta de compensación que se prolonguen en el tiempo, la esencia y la naturaleza de la junta de compensación es en sí misma transitoria y sin vocación de permanencia", argumenta la Audiencia.

Un lustro ya del desfalco

A mediados de mayo de 2015, Julio Mateos confesó en un correo electrónico que se había apropiado de dinero de la cuenta de la junta de compensación, aprovisionada con aportaciones de los parcelistas para acometer la urbanización del sector F y la dotación de servicios básicos en la zona, unas obras aún muy lejos de estar completas. Tras confesar tal extremo, Julio Mateos huyó a la República Dominicana, siendo finalmente detenido y encarcelado en agosto de 2016.

Según la Policía Nacional, Julio Mateos, "prevaliéndose de su posición (de tesorero de la junta de compensación del Sector F), se fue apropiando de cuantiosas sumas de dinero" desde 2006. Los investigadores, en ese sentido, calculan que el desfalco total podría ascender a más de 3.706.718 euros, "con un número de afectados que rondaría en torno a las 600 familias".

En ese sentido, el mencionado auto de procedimiento abreviado del Juzgado mixto número uno de Coria, detalla que "durante el periodo de tiempo en que Julio Mateos ostentó el cargo de tesorero, prevaliéndose de su cargo y de la confianza depositada en él por los parcelistas, al estar autorizado en las cuentas en las que la entidad era titular y guiado con el ánimo de enriquecerse, se apropió o desvió cuantiosas sumas de dinero mediante cheques con cargo a la cuenta de la junta de compensación, incorporándolo a su propio patrimonio".

Según el auto, Julio Mateos se habría hecho con 1,63 millones de euros a través de la entidad Asema, una asesoría económica de la que era apoderado desde 2002, "y en su propio nombre percibió cheques por importe de 282.102 euros, siendo consciente que no realizaba ningún trabajo remunerado para la junta de compensación", que afrontaba el citado proyecto de instalación de dotaciones básicas en el entorno de parcelas del sector F.

El papel de Ismael Perea

En cuanto a Ismael Antonio Perea, ex concejal socialista de Almensilla, presidente de la junta de compensación durante varios años y que también fue director del Consorcio Fernando de los Ríos, señala la juez que "prevaliéndose de su cargo y al estar asimismo autorizado en las cuentas de la junta de compensación, retiró cheques al portador por importe de 301.695 euros", toda vez que la instrucción ha revelado "un gran desfase entre los fondos retirados y los aplicados al pago de facturas a proveedores, en concreto con una diferencia total de 156.766 euro , cantidad que con ánimo de ilícito enriquecimiento retiró Ismael Perea para fines personales, actuando de común acuerdo con el tesorero de la entidad".

El auto incide también especialmente en la figura de Juan Carlos N.H., apoderado de la empresa Torrens Abogados SLP, bufete encargado del asesoramiento jurídico de la junta de compensación y cuya administradora única era su propia esposa, Concepción T.S.

El apoderado de Torrens Abogados, según este auto, estaba "vinculado a Julio Mateos en multitud de sociedades" y de 2010 a 2015 "retiró cheques extendidos de forma nominativa" en favor de su persona por importe de 91.477 euros, "a pesar de que por sus trabajos presentó tres facturas por importe de 2.060 euros por los ejercicios 2008 y 2009, 2.369 euros por el ejercicio 2010 y 2.369 euros por el ejercicio 2.011, sin que ningún trabajo adicional justifique el total cobrado mediante cheques nominativos, cantidad de la que se apropió con animo de enriquecimiento ilícito".

Además, el auto detalla que "en connivencia con Julio Mateos Palacios, en numerosas ocasiones cobró cheques en nombre propio y como apoderado de Torrens Abogados, por cantidad de 313.775 euros, contribuyendo de este modo a que Asema obtuviere en su propio beneficio fondos procedentes de la junta de compensación", pues habría derivado tales fondos a la cuenta de Asema, una entidad controlada por el extesorero.

También señala el auto a Manuel L.S., gerente de la empresa MLS 2011, proveedora de la junta de compensación. Y es que "en connivencia con Julio Mateos, cobró cheques nominativos con cargo a la cuenta bancaria de la junta de compensación, por importe que posteriormente reingresó en la cuenta bancaria titularidad de Asema", que gracias a estas operaciones obtuvo 103.105 euros más de la cuenta de la junta de compensación.

La Fiscalía ha solicitado para Julio Mateos una pena de seis años de prisión y una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros -con responsabilidad civil subsidiaria en caso de impago- por un delito continuado de apropiación indebida, y para Ismael Perea solicita una pena de cuatro años y medio de prisión y una multa de diez meses con cuota diaria de 20 euros por otro delito continuado de apropiación indebida.