Aljarafe

Bollullos debe afrontar el pago de 2,7 millones por convenios paralizados del PGOU

  • Ha tenido que llegar a acuerdos de fraccionamiento y "pronto pago" para evitar intereses y lograr quitas

  • La más importante es por más de 1,3 millones de euros 

  • Se ha pedido un préstamo de 400.000 euros a la Diputación 

Carteles con promociones de vivienda y obras en Bollullos, en una imagen de archivo. Carteles con promociones de vivienda y obras en Bollullos, en una imagen de archivo.

Carteles con promociones de vivienda y obras en Bollullos, en una imagen de archivo. / Juan Carlos Muñoz

Una década después de los años boyantes del boom inmobiliario, los ayuntamientos sevillanos siguen pagando los excesos, que les llegan como sentencias firmes que obligan a devolver dinero entregado a cuenta por los promotores, cuyos suelos no se desarrollaron. En muchos casos se trata de cantidades millonarias. 

Uno de los ejemplos en el Aljarafe es Bollullos de la Mitación, que debe afrontar el pago de más de 2,7 millones de euros por esta causa. Se corresponden con tres convenios urbanísticos, con sentencia. Según el actual alcalde, Fernando Soriano (Adelante), para minimizar el impacto se han negociado calendarios de pago, con quitas de la cantidad principal y los intereses.

Aún así, subraya que el desembolso de un dinero que no está en las arcas públicas (se gastó antes de que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía obligara a dejarlo sin tocar hasta que el convenio entrara en carga) limitarán la capacidad de inversión en este mandato. La cantidad equivale a más del 36% del presupuesto municipal de 2019. 

De momento, se ha tenido que pedir un préstamo de 400.000 euros a la Diputación (de los llamados fondos FEAR, por los que no se paga interés), a devolver en once meses y afinar en otros aspectos para no comprometer la estabilidad financiera ni tirar de subidas de impuestos. El haber acabado con la deuda bancaria facilita ahora las cosas, subraya el edil.  

Primera sentencia: 1,3 millones de euros 

El convenio más importante con sentencia firme desde 2018 se firmó en 2006 y es el que afecta a las fincas Matahambre y El Prado, propiedad en la actualidad de Promoción Inmobiliaria Edificarte, en un caso que ha defendido en los tribunales Javier Moreno, del despacho Lean Abogados.

El Consistorio ha sido condenado a devolver 1.346.267 euros, que de acuerdo con los propietarios se afrontará en cinco años. La primera anualidad se pagó el 31 de diciembre de 2018. 

El acuerdo recoge la posibilidad de un "pronto pago" para el resto, si el Ayuntamiento estaba en condiciones de hacerlo, con una quita del 10% del principal de la deuda y del total de los intereses. La intención del gobierno local es hacerlo así, en una operación que se debe cerrar antes de final de año. 

Segunda sentencia: 909.736

Otra sentencia es la que da la razón a Provisa Gestión Inmobiliaria, que obliga a devolver 909.736 euros, con la que, según Soriano, también se ha llegado a un acuerdo de pago que está pendiente de llevar ante notario para su formalización. En este caso, contempla el pago en tres anualidades, 2020, 2021 y 2022, aunque el objetivo es también abonarlo todo el año que viene a cambio de un 10% de quita en la cantidad principal y el ahorro de todos los intereses. 

La última, por 504.840

La tercera sentencia es por 504.840 euros que se deben reintegrar por otro convenio urbanístico del PGOU que no se llegó a aprobar con Vizona Inversiones Inmobiliarias, con la que se ha acordado otro fraccionamiento en tres años. El primero de ellos hay que hacerlo antes de 2019. 

"Se actuó de forma temeraria", señala el actual alcalde sobre la política urbanística de aquellos años en el Ayuntamiento de Bollullos, entonces gobernado por el PP, y que se topó con el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y otra normativa que hizo imposible el desarrollo urbanístico proyectado. 

"Fue una irresponsabilidad política", insiste el regidor que considera que, más allá de la normativa, esos fondos que entraron en el Ayuntamiento  se "despilfarraron", con políticas de "barra libre" que un pueblo que entonces tenía 6.000 habitantes (ahora son más de 10.000) no se podía permitir. 

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