La Cámara de Cuentas de Andalucía ha recomendado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que ponga fin a los contratos de corta duración, toda vez que los mismos van "en detrimento de la eficiencia y la calidad en la prestación de servicios". En un informe sobre la Gestión de los recursos humanos del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) relacionados con la pandemia del Covid-19, la entidad también denuncia que una parte de los profesionales todavía no ha cobrado las retribuciones que se acordaron para aquellos que hubieran trabajado durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de junio del año 2020.

El documento al que ha tenido acceso este periódico ha analizado las contrataciones de personal realizadas para atender las necesidades surgidas como consecuencia de la pandemia y si esta cumple con la normativa, así como analizar su los conceptos retributivos se adecúan a los convenios, fiscalizar el origen de los fondos utilizados y concluir sobre las normas de controlo interno en los procesos de contratación de personal.

Entre sus conclusiones, destaca que estas "se han realizado principalmente conforme al procedimiento ordinario (bolsa única del SAS), lo que ha provocado una elevada rotación de profesionales que va en detrimento de la eficiencia y calidad en la prestación de servicios al ser nombramientos de muy corta duración, cuando el profesional adquiere la formación necesaria para realizar de forma eficiente las funciones asignadas, finaliza el nombramiento".

Según la Cámara de Cuentas "este hecho fue parcialmente paliado por las Resoluciones de la Dirección General de Personal del SAS en abril y noviembre de 2020", aunque destaca en el mismo sentido que "la pandemia ha puesto de manifiesto el déficit de profesionales de algunas categorías, en especial de médicos de familia, pediatras, facultativos especialistas y enfermeros", mientras que "la carencia de estos profesionales en las bolsas del SAS ha tenido como consecuencia que se acudiese a la contratación directa".

Por otra parte, "en los centros de difícil cobertura no se han puesto en marcha medidas para conseguir profesionales". En este apartado, la entidad reconoce que "si bien la emergencia sanitaria de la pandemia Covid provocó un escenario incierto y cambiante, no se elaboraron planes para determinar las necesidades reales de profesionales de los centros y adecuar las contrataciones a estas necesidades".

Entre las recomendaciones que se aportan "y que deberían ser tenidas en consideración por el SSPA para otras posibles situaciones excepcionales" destacan la formación del personal directivo para la gestión de situaciones de pandemia, epidemias o cualquier otro tipo de crisis sanitaria; prever un plan de contingencia para las bajas de profesionales; agilizar el proceso de contratación fuera de bolsa, tal y como se estableció en noviembre de 2020, y formalizar contratos de larga duración que eviten la necesidad de formación o reciclaje cada vez que se incorporan profesionales a su nuevo puesto".

No se abonó la paga Covid

Otro de los capítulos en los que se detiene la Cámara de Cuentas son las retribuciones del personal que prestó sus servicios en los momentos más duros de la pandemia. En este apartado, se reconoce el "incumplimiento del acuerdo de 4 de agosto de 2020 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (paga Covid)", puesto que el Gobierno Andaluz estableció una retribución, en concepto de productividad, para el personal del SSPA que contribuyó al control de la pandemia de Covid". En concreto, "se reguló que esta retribución la percibirían aquellos trabajadores que hubiesen desarrollado su labor durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2020".

El importe de esta paga Covid "es el equivalente a un porcentaje del sueldo base de tres meses con prorrateo de la paga extraordinaria. Este importe se devenga totalmente por haber trabajado al menos tres meses en el periodo establecido. Los que hubieran prestado servicios durante menos de tres meses, deberían haber recibido la parte proporcional al periodo efectivamente trabajado".

La Cámara ha detectado "incumplimientos en el cálculo y abono de esta retribución. La incorrecta aplicación del citado acuerdo, tanto por los centros del SAS como por las APES, ha supuesto un perjuicio para algunos profesionales, que han recibido un importe inferior al que les correspondía". En concreto "los profesionales del SAS y de la APES Bajo Guadalquivir que en el periodo marzo-junio de 2020 tuvieron reducciones de jornada, contratos a tiempo parcial o ejercieron puestos de grupos profesionales diferentes, han recibido un importe de la paga inferior al que les correspondía".

La APES Alto Guadalquivir "sigue un criterio de cálculo diferente al establecido en el acuerdo del Consejo de Gobierno y, en consecuencia, abonó a los profesionales que no trabajaron el periodo de devengo completo (del 1 de marzo al 30 de junio) un importe menor al efectivamente devengado". Mientras, tanto esa agencia sanitaria como la de la Costa del Sol no han abonado la paga Covid salvo solicitud expresa, a aquellos trabajadores que en la fecha de pago ya no estaban trabajando en estas agencias. Tampoco se comunicó a los profesionales que debían reclamar la paga".