La Audiencia da el carpetazo definitivo a la causa contra dos directores del SAE

La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado el archivo de la causa abierta contra el director gerente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Julio Samuel Coca Blanes, y su antecesor en el cargo y actual director general de IDEA, Antonio González Marín, tras la denuncia presentada por un colectivo de 18 de los 413 ex asesores de Empleo Memta. En un auto, la Sección Primera de la Audiencia Provincial rechaza el recurso presentado por la acusación que ejercen los ex asesores de Empleo contra la decisión de la juez de Instrucción número 8 de Sevilla de archivar la causa contra ambos al no apreciar indicios de delito.

El tribunal, en un auto fechado el 26 de junio, pone de manifiesto que "de la actividad instructora no se infiere la existencia de dato indiciario alguno de los que se pueda deducir la concurrencia" de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por los que fueron denunciados. Los hechos se refieren a la contratación por el SAE en virtud de un plan extraordinario de medidas de orientación de formación profesional e inserción laboral aprobado el 18 de abril de 2008, con duración inicial de un año, que fue prorrogada anualmente hasta diciembre de 2012.

Al no prever la Ley de Presupuestos para el año 2013 la continuidad de dicho plan extraordinario, se notificó a los trabajadores la extinción contractual. Por ello, los trabajadores, entre otros los denunciantes, interpusieron demandas ante los juzgados de lo Social, recayendo sentencias "de las cuales unas estimaban la nulidad del despido y otras la improcedencia".

Interpuestos los recursos pertinentes, el Tribunal Supremo declaró la improcedencia -"que no nulidad"- de los ceses, condenando al organismo demandado a la opción de readmisión o indemnización pertinente, de forma que, a partir de dicha doctrina unificadora, los servicios jurídicos de la Junta recurrieron todas las sentencias que contenían pronunciamientos de nulidad hasta obtener la improcedencia.

La Audiencia "comparte" con la juez que desde el SAE, al recibir pronunciamientos condenatorios, se adoptaron medidas para obtener la pertinente dotación presupuestaria para hacer frente a las indemnizaciones devengadas, lo que se produjo a finales de 2014, periodo en el que se empieza a afrontar las condenas.

Tanto Julio Coca como Antonio González Marín comparecieron como investigados ante la juez el 25 de febrero de 2016 y solicitaron el archivo de la denuncia.