El Ministerio de Sanidad estudiará jurídicamente si se puede imponer a los empleados de las residencias de ancianos que se hagan pruebas diagnósticas de coronavirus después de que la medida haya sido denegada por la justicia en varias comunidades autónomas. Así ha sido el caso reciente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

"Tenemos que revisar las normas de salud laboral y hemos ofrecido los servicios jurídicos del Ministerio", respondió la ministra de Sanidad, Carolina Darias, después de la celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en cuya reunión Andalucía solicitó un "marco legal" para evitar la existencia de trabajadores de las residencias que se nieguen a vacunarse y a someterse a las pruebas diagnósticas.

El consejero Jesús Aguirre pidió "a las autoridades judiciales o al Ministerio" medidas después de que el TSJA haya suspendido de forma cautelar la orden de la Consejería de Salud que imponía pruebas diagnósticas de infección activa a los trabajadores de residencias. La orden de la Consejería fue fruto de las recomendaciones que el comité de expertos elaboró para contener el repunte de casos en estos centros, que contemplaban la realización de al menos dos PCR semanales además de otras como el traslado forzoso.

"Vamos a estudiar jurídicamente, especialmente en relación a la necesidad de realizar pruebas de detección de infección activa", insistió la ministra, contestando a los periodistas.

Además de Andalucía, la justicia también ha frenado estos test al personal de las residencias de Castilla-La Mancha.