La reunión del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, con los representantes del ejecutivo central en las ocho provincias andaluzas para afrontar el incremento de las mujeres asesinadas en la comunidad en lo que llevamos de año, coincidió con la confirmación de la decimosexta víctima mortal en Granada. Asimismo, a partir de esta semana, el Parlamento toma el relevo con la aprobación de una Proposición No de Ley del PP en la que se pide incrementar los medios para la lucha contra estos crímenes, así como la puesta en marcha de un grupo de trabajo con los representantes de todos los grupos con representación en la Cámara andaluza.

En la reunión que tuvo lugar, para más coincidencia en la capital granadina, concurrieron los representantes de las Unidades contra la Violencia de género y los representantes de las fuerzas de seguridad quienes, como principal novedad, decidieron poner en marcha más medidas para garantizar la protección de las víctimas. Uno de estos instrumentos es el denominado Protocolo 0, destinado a las víctimas que manifiestan expresamente su deseo de no denunciar. Este año, se han tramitado 2.500 expedientes para paliar las situaciones de desprotección.

Esta decisión parte de la confirmación hecha por el propio delegado del Gobierno en Andalucía, de que sólo tres de las 16 mujeres asesinadas en Andalucía, habían denunciado a sus presuntos homicidas, lo que, a su juicio “exige un análisis de los recursos existentes y del uso que se hace de los mismos tanto por parte de las víctimas como, especialmente, de su entorno”.

El máximo representante del Ejecutivo central en la comunidad autónoma, adelantó también su disposición a “reforzar las reuniones extensivas a otros organismos de la Administración General del Estado como el Servicio Estatal Público de Empleo y la Seguridad Social, junto con representantes de fiscales y jueces, habida cuenta de que son estos últimos los que han de tomar las medidas una vez se judicializan los casos”.

Se trata de analizar su “grado de eficiencia y eficacia”, todo ello en un contexto de “coordinación, colaboración” y “cooperación” entre todas las administraciones públicas, precisó Fernández, quien también expresó su preocupación por el repunte de la violencia machista “que se trata de un asunto de Estado y una cuestión de Derechos Humanos”, por lo que las instituciones deben “actuar y potenciar todas las medidas” a su alcance para “erradicarla definitivamente”, algo que pasa de manera ineludible por “tener mejor conocimiento de qué ocurre y cuál era la situación de cada una de las víctimas”.

Reunión del delegado del Gobierno con los subdelegados provinciales ayer en Granada.

En cuanto a la colaboración con otras instituciones, Fernández resaltó que la que se desarrolla con la Administración autonómica, “competente en materia de servicios sociales, educación y sanidad”. A su juicio, “el trabajo que realizan estos departamentos, donde se encuentran profesionales del ámbito de la intervención social, sanitarios o docentes, es el más próximo al ciudadano y, por tanto, pueden tener los primeros datos que hagan saltar la alerta de que nos encontremos ante un caso de violencia machista”.

En este sentido señaló también la importancia de sumar nuevos ayuntamientos andaluces al Sistema Viogén “para reforzar la red de atención y seguridad a las víctimas. Tenemos que insistir en la importancia de adherirse a la red, e ir añadiendo nuevos municipios, porque hasta el momento son 244 ayuntamientos de los 785 municipios andaluces”.

En lo que llevamos de año, se han realizado 2.313 comunicaciones por parte las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a las víctimas alertando de que su maltratador es reincidente y se han recibido, 300 llamadas al Botón SOS Violencia de género de Alertcop, que se activa al pulsarlo, lanzado un aviso a la comisaría o al puesto Guardia Civil más cercano y grabando automáticamente diez segundos de audio. Para reforzar la protección, el Ministerio del Interior también ha puesto en marcha este año la Instrucción 1/2023 “que incluye el concepto plurivictimizadores como refuerzo de las iniciativas adoptadas por el departamento contra los denominados agresores persistentes, que reinciden en actos de violencia machista”.

Más recursos

Según se hizo público durante la reunión de ayer, en los dos últimos años aumentaron los recursos económicos destinados a la protección de las víctimas en Andalucía, que ha recibido 573 millones de euros, “una cifra histórica que supone un aumento del 217%, es decir, 181 millones más”. “De hecho, la partida en políticas contra las violencias machistas llega a los 320 millones, lo que supone el 56% del total del presupuesto”.

Dentro del reparto de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Pedro Fernández indicó que la cifra entregada a la Junta de Andalucía ha sido 1,1 millones de euros superior a la de 2018, alcanzando los 16,5 millones, “mientras que los ayuntamientos andaluces han recibido casi el doble, pues han pasado de 4,4 en 2018 a 7,8 millones, un 77,7% más”. También hizo mención a los 10 millones de euros destinados a la Junta para la implantación de los nuevos centros de crisis, cuyo fin, ha detallado el delegado, es “atender la violencia sexual y deben estar en funcionamiento, como fecha tope, el 31 de diciembre”.

Ahora le toca el turno al Parlamento andaluz. El próximo jueves se aprobará tanto la constitución de un grupo de trabajo sobre violencia de género, como una Proposición No de Ley presentada por el PP (que hará valer su mayoría absoluta) para aumentar los casos considerados como violencia de género incluso a aquellos que se dan fuera del entorno de la pareja y solicitar la modificación del Código Penal en esta tipología delictiva.

La consejera de Igualdad, Loles López ayer en Sevilla.