Juan Bravo confía en que el “primer esbozo” del proyecto de Presupuestos de la Junta para 2021 esté listo “a finales de septiembre”. El consejero de Hacienda, Industria y Energía dio ayer esta fecha antes de la inauguración de un curso de verano en la sede jiennense de la UNIA, en Baeza.

El proceso para elaborar las cuentas autonómicas comenzó hace ya varias semanas y las distintas consejerías tienen hasta la segunda semana de septiembre para enviar sus previsiones de gasto. También han empezado ya las negociaciones con Vox, el socio que ha apoyado los dos presupuestos diseñados por Bravo y su equipo, aunque la formación aspira a reunirse con el presidente de la Junta para cerrar el que sería su tercer acuerdo con el Ejecutivo de PP y Ciudadanos.

El titular de Hacienda recordó en Baeza que su equipo “ha sido capaz de hacer tres presupuestos en un año”, con la prórroga de los de 2018 y las cuentas de 2019 y el ejercicio actual cumpliendo, además, con las reglas de deuda, déficit y gasto. Con esos tres acuerdos, el Gobierno andaluz no tiene necesidad de unas nuevas cuentas para finalizar la legislatura, ya que puede prorrogar las de este año para llegar sin demasiadas dificultades a 2022, cuando se celebrarán, si no hay imprevistos, las próximas elecciones autonómicas. Como ha ocurrido en muchos otros ámbitos, la pandemia ha cambiado los planes y Bravo reconoció ayer que la crisis del coronavirus “va a obligar a ser más eficientes, más eficaces con el dinero público y más imaginativos a la hora de resolver problemas”.

“De las debilidades también se sacan virtudes”, aseguró ayer el consejero antes de garantizar que la Junta estará “a la altura”, como, a su juicio, viene haciendo durante todo el confinamiento, con la puesta en marcha de medidas y “con capacidad de anticipación a las necesidades de cada momento”. Por ello afrontan la elaboración del nuevo presupuesto, con “mucha ilusión y mucho trabajo” en un camino de “normalidad dentro de las dificultades”, de ahí que el proceso se iniciara la última semana de junio, a pesar de que todavía el Gobierno andaluz no tiene información sobre qué fondos llegarán desde la Administración central para poder armar el presupuesto. Hay que recordar que hasta el 80% del dinero de las cuentas andaluzas procede de transferencias estatales.

El resto llega a través de la recaudación de los impuestos propios de la Admnistración, que de momento, no volverán a bajarse. Lo venían avisando ya desde hace unas semanas, pero Bravo explicó ayer que “lo importante en este momento es mantener los impuestos” Queda así en el tintero una de las principales apuestas del Gobierno de PP y Ciudadanos a su llegada al poder autonómico, hace ahora año y medio.

Si hubiera “alguna posibilidad de rebaja, lo haríamos”, reconoce el titular de Hacienda, que recuerda que la política de reducción de impuestos que se puso en marcha en 2019 fue “la rebaja más grande que se ha hecho jamás en la historia de Andalucía”.

Por ejemplo, implicaba “una bajada progresiva cada año” en el impuesto sobre la renta hasta legar a la media nacional y “eso se va a mantener en principio”. Ahora, el objetivo es “priorizar en algo ya que se ha hecho en los presupuestos de 2019 y 2020 y que ahora es más importante que nunca”, dijo Bravo en alusión a la sanidad la educación y las políticas sociales, centradas especialmente en la dependencia.

Esta apuesta por las políticas del Estado del bienestar, advirtió el consejero de Hacienda, hara necesario que el resto de las consejerías tengan que “hacer un esfuerzo” para que la sanidad, la educación y las políticas sociales tengan los recursos necesarios para atender esas necesidades”. No obstante, el propio Bravo insiste en que antes será necesario que el Gobierno de España comunique sus previsiones del PIB, sus entregas a cuenta o el reparto de fondos europeos.

La intención del Ministerio de Hacienda es informar de estos asuntos en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará en septiembre. En cualquier caso, Bravo reiteró que la parte de la Junta se está haciendo y es “la primera comunidad que empezó el proceso”, algo que da “seguridad y certidumbre” y “traslada a empresarios la tranquilidad de un Gobierno que, con dificultades y posibles “errores”, tiene “claro el camino”.