Nuevo rifirrafe entre Bolaños y los fiscales

Sevilla/Nuevo rifirrafe jurídico entre la juez María Núñez Bolaños y los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra a costa de los ERE. Los fiscales han elevado a la Audiencia de Sevilla una queja contra la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, a raíz de la decisión de la instructora de inadmitir un recurso de la Fiscalía contra el auto de procesamiento dictado en una de las piezas porque considera que el mismo se presentó "fuera de plazo" por parte del Ministerio Público, algo que los fiscales rechazan. La juez, por su parte, reprocha a los fiscales su intención de querer "confundir" con las alegaciones realizadas.

Este nuevo incidente procesal se produce en otra de las piezas cuya instrucción ha finalizado, la relacionada con las pólizas suscritas para la empresa Centro para la Formación y Prevención Laboral (Cenforpre), en la que están procesadas cinco personas, entre ellas, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández y el ex director de Trabajo Javier Guerrero, así como al ex futbolista del Osasuna y del Atlético de Madrid José Antonio Gómez Romón, conocido popularmente como Pizo Gómez.

Ese auto de transformación de las diligencias previas en un procedimiento abreviado fue dictado el 19 de mayo pasado y la juez concedió entonces un plazo de diez días a la Fiscalía y a las demás partes para presentar su escrito de calificación, con la petición de penas para los cinco investigados.

Ese auto fue notificado a la Fiscalía el 23 de mayo y entonces el Ministerio Público presentó un escrito en el que solicitaba a la magistrada que ampliara el objeto de la acusación a unos pagos realizados por el IFA en el ejercicio 2002 a Cenforpre, al estimar que este hecho "de forma indiciaria y provisional sería constitutivo de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos de los que serían responsables penalmente Antonio Fernández y Francisco Javier Guerrero".

Los fiscales pedían expresamente a la instructora en el recurso de reforma presentado que suspendiera el plazo conferido para que "una vez verificado lo anterior y unida la hoja histórico-penal de todos los investigados", se les diera traslado completo de las actuaciones debidamente foliadas con sus anexos y testimonios, en su caso.

La juez María Núñez Bolaños alega, por su parte, que el plazo para interponer el recurso de reforma no puede considerarse más allá del 29 de mayo de 2017, "fecha en la que no consta presentado recurso alguno por el Ministerio Público". La juez señala que sí consta un escrito del 26 de mayo en el que Anticorrupción solicita que se amplíen los hechos a esos pagos del año 2009, algo que se rechazó con fecha de 29 de mayo en una providencia que fue notificada al Ministerio Público el 2 de junio, cuando según explica Bolaños ya había "vencido el plazo para recurrir el auto de Procedimiento abreviado".

En su informe elevado a la Sección Séptima de la audiencia de Sevilla -que es la que debe resolver la queja presentada por los fiscales-, la instructora precisa que "la petición de suspensión no lleva implícita su concesión o reconocimiento, debiendo la parte formular recurso, en su caso, o continuar con el trámite legal pertinente, ad cautelam".

Para María Núñez Bolaños, "lo actuado con posterioridad carece de relevancia a los efectos de un cómputo de plazo ya vencido, pretendiendo el Ministerio Público confundir al alegar la solicitud por escrito de fecha del 6 de junio del traslado de documentación con suspensión de plazo, suspensión que sólo puede afecta al plazo para presentar escrito de acusación y, en ningún caso, al plazo para recurrir, ya vencido con anterioridad".

Frente a la postura de la instructora, los fiscales de Anticorrupción mantienen que el recurso contra el auto de procesamiento se presentó en plazo. La última palabra de este nuevo rifirrafe la tiene la Audiencia de Sevilla.